El Gobierno de la República reafirma su voluntad de diálogo, ante la propuesta de mediación por parte de la Conferencia Episcopal; no obstante, deben deponerse todos los bloqueos en las vías públicas, los cuales está generando graves consecuencias y afectaciones a la producción nacional, abastecimiento de alimentos a hospitales, CEN Cinai y a la reactivación de la economía local.
En una nota firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal y el secretario general, José Manuel Garita, obispo de Cuidad Quesada y Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José, proponen una mediación para un diálogo.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, informó que “el gobierno de la República ve con buenos ojos la propuesta y la agradece. Estamos listo para iniciar un esfuerzo de diálogo y concertación en los términos amplios en los que han sido planteados.
En la carta que dirige la iglesia católica a los grupos que están generando bloqueos los invita a sumarse a este diálogo e insta a deponer los bloqueos y levantar la protesta, para crear un clima de concordia y tranquilidad que nos permita dialogar al modo costarricense con respeto y tomando en cuenta la opinión de todos. El Gobierno está listo y continúa abriendo posibilidades de diálogo como lo ha hecho desde el inicio”, explicó Prieto.
En la misiva enviada por la Conferencia Episcopal al movimiento que provoca bloqueos indicó: ‘’Los queremos animar a levantar sus actividades de protesta e iniciar un diálogo con las autoridades gubernamentales’’.
Además, la iglesia católica destacó ‘’consideramos que la única vía para evitar una confrontación mayor, que puede agravar la crisis económica, social, sanitaria y política del país, más aún, de una crisis humanitaria que se visualiza, es atender a un gran proceso nacional de concertación que conduzca a un gran pacto social’’.
Las manifestaciones y los bloqueos se mantienen en 40 puntos del país en señal de protesta por la actual crisis económica y fiscal que vive el país a raíz de la pandemia del Covid-19, las intenciones de vender algunos activos del Estado y la iniciativa de solicitar un préstamo por $1.750 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).
