Extranjeros con antecedentes penales no podrán optar por nacionalidad costarricense, propone diputado
Los extranjeros que contraigan matrimonio con algún ciudadano costarricense ya no tendrían asegurada su nacionalidad
Fabián Barrantes
Publicado: julio 5, 2019
En la Asamblea Legislativa se siguen presentando proyectos de Ley que generan múltiples opiniones divididas entre la población y una nueva iniciativa presentada por el legislador Gustavo Viales no ha sido la excepción.
No habrá nacionalidad para todos
El diputado por Puntarenas del Partido Liberación Nacional ha planteado hacer una reforma a la Ley 1155 de Opciones y Naturalizaciones, específicamente en el artículo 15, con el propósito de negarle la nacionalidad costarricense a cualquier persona extranjera que presente antecedentes penales en cualquier otro país.
«El proyecto lo que hace es incluir como requisito la revisión de los expedientes penales de la persona en su país de origen, que pueda aplicarse a todas las posibilidades de nacionalización costarricense, e incluso, si tiene un proceso judicial pendiente, se le paraliza el proceso de naturalización hasta tanto no se tenga una resolución final», expresó Viales al medio AmeliaRueda.com.
Esto también aplicaría para aquellas personas que obtengan su residencia a través de un matrimonio legal con algún ciudadano costarricense, para lo que tendrán que presentar una hoja de delincuencia ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Diputado resta importancia a si ya se cumplió con la condena o no
«Creo que debe primar primero la condición del país, la seguridad nacional y esto también es un motivo para hacerlo. Además, si la persona ya tiene antecedentes concretos en narcotráfico, en violencia doméstica, en secuestro, en estafa, pues el país debe tener la suficiente soberanía para poder decidir si lo requiere como nacional o no», concluyó el también secretario general del PLN.
Esta medida no haría excepciones y discriminaría a aquellas personas que ya cumplieron alguna condena en otro país, algo a lo que Viales le resta importancia pues asegura que la iniciativa nace de información proveída por el TSE y el Organismo de Investigación Judicial.
