La Policía Penitenciaria retiró un total de 187 pantallas de televisión de las celdas de siete centros penitenciarios del país, en la primera intervención ejecutada como parte de la nueva estrategia impulsada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, para reforzar el control dentro del sistema carcelario.
El operativo también permitió el decomiso de 123 controles remotos y 20 cajas convertidoras, sin que se registraran disturbios o incidentes durante las acciones, informó la institución.
Siete centros penales intervenidos
Los operativos se desarrollaron en distintos establecimientos penitenciarios del país. El mayor retiro de televisores se realizó en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, ubicado en San Sebastián, donde fueron retiradas 56 pantallas.
En el CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, se decomisaron 39 televisores, mientras que en el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí, fueron retirados 33 equipos.
Las demás intervenciones se distribuyeron de la siguiente manera:
- CAI Gerardo Rodríguez Echeverría: 22 televisores.
- CAI Jorge Debravo, en Cartago: 15 televisores.
- CAI Limón: 13 televisores.
- CAI Luis Paulino Mora Mora: 9 televisores.
Primera acción de la nueva política penitenciaria
El retiro de estos equipos forma parte de la estrategia anunciada recientemente por el ministro Gabriel Aguilar, basada en cuatro ejes: orden, control, disciplina y cero tolerancia con la corrupción.
El jerarca aseguró que las acciones responden a los compromisos asumidos por el Ministerio para recuperar la autoridad dentro de los centros penales.
“Lo anunciamos y lo estamos cumpliendo. Esta es la primera intervención de una nueva política de administración penitenciaria”, afirmó Aguilar.
Operativos continuarán
Por su parte, el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, indicó que las intervenciones seguirán desarrollándose en el resto de centros penitenciarios hasta completar el retiro de los televisores instalados en las celdas.
Mientras tanto, las 187 pantallas permanecerán bajo custodia del Ministerio de Justicia y Paz, que realizará una evaluación técnica, administrativa y jurídica para determinar el destino que tendrá cada uno de los equipos decomisados.
