San José — El gobierno de Laura Fernández reveló este lunes las dimensiones del problema que enfrenta: 260 estructuras criminales identificadas en el país, de las cuales 109 permanecen activas disputándose territorios. Para enfrentarlas, el gobierno anunció la conformación de una fuerza de élite que operará con base en mapas de zonas calientes establecidos en cada provincia.
«Se mueven entre ellos, salen de donde están e inmediatamente vemos una balacera y un asesinato. Están identificados en cuadras y puntos de referencia en donde están ubicadas», afirmó la mandataria.
Lo que ya saben las autoridades
La declaración de Fernández revela que el Estado tiene información de inteligencia detallada sobre la ubicación de estos grupos: no solo la provincia o el barrio, sino la cuadra específica donde operan. Ese nivel de granularidad en el mapeo es inusual en los comunicados oficiales y sugiere que la información de inteligencia policial es más precisa de lo que se había reconocido públicamente.
El reto que esa admisión plantea es obvio: si las autoridades saben dónde están las 109 bandas activas, la pregunta que la ciudadanía hace es por qué siguen operando. La respuesta del gobierno es la fuerza de élite.
El complemento legislativo
El anuncio de la fuerza de élite coincide con la propuesta que Fernández también adelantó este lunes: un proyecto de ley para sancionar penalmente la pertenencia a estructuras criminales, que sería presentado en junio. La combinación de inteligencia policial, operativos especializados y herramientas legales nuevas es el modelo que la administración busca implementar.
