José Miguel Villalobos rechaza aumentos de penas y la creación de una unidad policial adscrita a RECOPE, pese a que el proyecto es impulsado por el Gobierno.
Diputado oficialista marca distancia de su fracción
El expediente 25.206, impulsado por el Gobierno para combatir el robo de combustible, abrió una diferencia pública entre el diputado José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano, y el resto de su fracción.
El legislador aseguró que se opondrá a las reformas centrales del proyecto y advirtió que, si la mayoría avanza con la propuesta, presentará un dictamen de minoría negativo.
Rechaza aumento de penas
Villalobos cuestiona lo que considera una expansión del derecho penal.
Según explicó, se opone por principio a los aumentos de penas, al considerar que el derecho penal debe utilizarse como una herramienta de intervención mínima del Estado.
“El derecho penal constitucionalmente es un derecho de intervención mínima del Estado en virtud de las consecuencias lesivas para la libertad personal”, manifestó.
Cuestiona criminalización de faltas administrativas
Otro de sus principales reparos es que el proyecto convertiría en delitos conductas que, a su criterio, deberían tratarse como faltas administrativas sancionadas con multas.
Entre ellas mencionó el ingreso de combustibles sin permisos.
Advierte penas desproporcionadas
El diputado también considera que algunas sanciones propuestas son excesivas.
Según señaló, en delitos como el transporte ilegítimo de combustible se triplicaría la pena mínima y se duplicaría la máxima.
Señala posibles inconstitucionalidades
Villalobos cuestionó la redacción de algunos tipos penales incluidos en el proyecto.
En particular, criticó que se pretenda castigar a una persona porque “deba razonablemente presumir” el origen ilícito del combustible, lo que, según él, podría no superar un eventual control constitucional.
Se opone a policía adscrita a RECOPE
Uno de los puntos más fuertes de su oposición es la creación de la Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible, adscrita a RECOPE.
El diputado rechaza que una sociedad anónima tenga personal con investidura de autoridad policial auxiliar, con potestades para realizar detenciones, decomisos y participar en allanamientos con orden judicial.
A esa figura la calificó como un “ornitorrinco jurídico”.
¿Qué propone el expediente 25.206?
La iniciativa plantea reformas para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegítimas relacionadas con el robo, transporte y comercialización de combustibles.
Entre sus principales medidas están:
- Penas de cinco a quince años de prisión por robo, transporte o venta ilegal de combustibles de RECOPE.
- Cárcel de tres a ocho años por dañar o manipular sistemas de control del poliducto.
- Creación de la UPED como unidad especializada.
- Registro obligatorio para compras superiores a 100 metros de mangueras industriales de alta presión.
- Declaraciones juradas patrimoniales anuales para personal de RECOPE vinculado al Sistema Nacional de Combustibles.
Debate seguirá en comisión
La discusión del proyecto continuará marcada por el choque entre la línea oficialista que respalda la iniciativa y la oposición interna de Villalobos.
El legislador insiste en que la lucha contra el robo de combustible no debe traducirse en reformas penales desproporcionadas ni en la creación de estructuras policiales que considera jurídicamente cuestionables.
