Costa Rica dio un giro significativo en su sistema de protección a la niñez al habilitar, de manera formal, la adopción desde el embarazo. A partir de este 7 de enero, las mujeres gestantes que decidan no asumir la crianza de su hijo podrán iniciar el proceso de adopción incluso antes del nacimiento, bajo un marco legal que busca garantizar derechos, acompañamiento y seguridad jurídica.
La medida quedó en firme tras la publicación del reglamento respectivo en el diario oficial La Gaceta, con la firma del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud. Con ello, una figura que ya estaba contemplada en la ley finalmente entra en operación a nivel nacional.
Un proceso voluntario y acompañado
La normativa parte de un principio central: la decisión de dar a un hijo en adopción debe ser libre, informada y sin presiones. Cualquier mujer embarazada que no desee ejercer la parentalidad puede manifestarlo ante centros de salud públicos o privados, o directamente ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Durante todo el proceso, la gestante tendrá acceso a acompañamiento psicológico, social y legal, así como a información clara sobre las implicaciones emocionales y jurídicas de su decisión. El consentimiento definitivo no se otorga durante el embarazo, sino después del parto, dentro de un plazo de 40 días naturales, o una vez que reciba el alta médica si hubo complicaciones.
El rol del sistema de salud
El reglamento asigna responsabilidades concretas a médicos y personal de enfermería. Cuando detecten que una mujer expresa desinterés en ejercer la crianza, deberán informarle sobre la ley vigente, activar la referencia al PANI y dejar constancia detallada en el expediente clínico.
Además, los centros de salud deberán recopilar información relevante para el proceso, como las razones de la decisión, la posible existencia de familiares que puedan asumir el cuido, y los datos del cónyuge o conviviente, si los hubiera. Todo esto busca evitar vacíos de información y proteger el interés superior de la persona menor de edad.
Actuación rápida del PANI
Una vez que el caso llega al Patronato, la institución tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para abrir el expediente y realizar entrevistas individuales. Estas valoraciones se enfocan en confirmar que la decisión sea voluntaria, descartar presiones externas y analizar si existen alternativas viables para que la madre ejerza la parentalidad antes del nacimiento.
El enfoque, según establece el reglamento, debe ser empático y respetuoso, reconociendo la complejidad emocional que rodea este tipo de decisiones.
Cuando hay desacuerdo del padre
El reglamento también contempla escenarios de conflicto. Si, tras el nacimiento, el progenitor manifiesta oposición a la adopción, el PANI deberá solicitar de inmediato una prueba de paternidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social.
En caso de que la paternidad quede prácticamente demostrada, el padre podrá asumir el cuido del menor, siempre que sea declarado idóneo. La evaluación de esa idoneidad deberá resolverse en un plazo máximo de un mes. Si se detectan riesgos para la persona menor de edad, se activará un proceso especial de protección.
Selección de la familia adoptante
De forma paralela, el Departamento de Adopciones del PANI verificará a la familia prioritaria asignada por el Consejo Regional de Adopciones. Esta familia contará con 48 horas para confirmar si asumirá la protección del recién nacido.
Si la respuesta es negativa o no se recibe en ese plazo, el caso pasa automáticamente a la siguiente familia en la lista de prioridad. Todo el procedimiento debe ser comunicado tanto a la madre solicitante como al progenitor, garantizando transparencia en cada etapa.
Un avance esperado, pero tardío
Aunque la legislación que permite la adopción prenatal ya existía, su aplicación práctica se vio frenada durante años por la ausencia del reglamento. Este retraso fue criticado por distintos sectores, que señalaban la falta de una herramienta clave para proteger a bebés en riesgo y brindar opciones claras a mujeres en situaciones complejas.
Con la entrada en vigencia del reglamento, Costa Rica activa finalmente un mecanismo que busca reducir la institucionalización temprana, fortalecer los procesos de adopción y ofrecer una respuesta más humana y ordenada a realidades que, hasta ahora, quedaban en un limbo legal.
