Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que el régimen de excepción implementado en El Salvador desde 2022 habría dejado cientos de personas fallecidas bajo custodia del Estado y decenas de miles de detenciones arbitrarias, hechos que, según la organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Las conclusiones forman parte del informe «Seguridad sin derechos», en el que la organización evalúa el impacto de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
Al menos 470 muertes en centros de detención
De acuerdo con el informe, hasta diciembre del año pasado se habían documentado al menos 470 fallecimientos de personas recluidas en centros penitenciarios durante la vigencia del régimen de excepción.
Amnistía Internacional asegura que, en varios de esos casos, se identificaron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte, así como indicios de violencia física y presunta negligencia médica.
La organización también señaló que la mayoría de las personas fallecidas aún no había recibido una condena judicial, por lo que permanecían bajo la responsabilidad directa del Estado.
Según AI, ninguno de estos casos ha derivado en investigaciones efectivas que permitan establecer responsabilidades.
Más de 90.000 capturas bajo el régimen
El documento sostiene además que más de 90.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria desde la entrada en vigor del régimen de excepción.
La directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, afirmó que la organización documentó testimonios de familiares que pasaron semanas buscando a sus seres queridos sin conocer su paradero, además de personas arrestadas sin recibir información sobre los motivos de su detención.
También indicó que algunas familias recibieron los cuerpos de sus familiares sin una explicación clara sobre las circunstancias de su muerte.
Señalan posibles crímenes de lesa humanidad
Amnistía Internacional sostiene que las detenciones masivas, las denuncias de torturas, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón de actuaciones que, por su magnitud y organización, podría encuadrarse dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad.
La denuncia coincide con señalamientos realizados meses atrás por un grupo de juristas internacionales, quienes también advirtieron sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción.
Una estrategia respaldada por su impacto en la seguridad
El régimen extraordinario fue aprobado en 2022 para enfrentar a las pandillas y ha permitido ampliar las facultades de las autoridades para realizar detenciones sin orden judicial.
El gobierno de Bukele sostiene que estas medidas han contribuido a reducir la violencia y los homicidios hasta niveles históricamente bajos, convirtiendo su política de seguridad en uno de los principales pilares de su administración.
No obstante, organismos internacionales y defensores de derechos humanos mantienen cuestionamientos sobre el impacto que estas medidas han tenido en las garantías individuales, el funcionamiento de las instituciones y la concentración de poder en el país.
