La intención de aumentar las tarifas de autobús en varias rutas clave del país encendió las alertas, pero terminó encontrando un freno contundente. La Defensoría de los Habitantes intervino directamente ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para cuestionar tres procesos tarifarios que, según su análisis, presentan inconsistencias serias y podrían impactar negativamente a miles de usuarios.
Rutas bajo la lupa
Las gestiones se enfocan en tres rutas estratégicas para la movilidad diaria:
• Ruta 90: San José – Hatillo
• Ruta 94: San José – Alajuelita y ramales
• Ruta 514: Upala – San José de Upala – Santa Cecilia
Estas conexiones son fundamentales para trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte público para su vida cotidiana.
Aumentos que preocupan
Uno de los puntos más sensibles señalados por la Defensoría es el impacto económico directo en la población. En el caso de la ruta 514, los ajustes propuestos superaban el 300% en algunos tramos, una cifra que encendió las alarmas por su magnitud.
Mientras tanto, en la ruta 90 se planteaban incrementos de hasta un 29%, lo que representa aumentos de ₡65 a ₡90 por viaje. Aunque puedan parecer montos pequeños de forma individual, acumulados representan un golpe importante para el bolsillo, especialmente en hogares donde el bus es el principal medio de transporte.
Fallas en los datos y posibles distorsiones
El análisis técnico reveló irregularidades que van más allá de simples errores administrativos. Por ejemplo, en la ruta 94 se identificaron registros de viajes con cero pasajeros, así como caídas inusuales en la frecuencia del servicio.
Además, al comparar la información presentada por las empresas con los registros oficiales de ARESEP, se detectaron diferencias significativas en rutas como la 90 y la 514. Esto sugiere una posible subestimación de la demanda real, lo que podría inflar artificialmente el costo por usuario.
Riesgo para el principio de “servicio al costo”
La Defensoría fue clara en advertir que estas inconsistencias comprometen el principio fundamental del servicio al costo, que rige la fijación de tarifas en el país.
Cuando los datos no reflejan la realidad —ya sea por omisión de ramales activos o errores en la información— el resultado puede ser un cálculo distorsionado que termina trasladando costos indebidos a los usuarios.
Impacto social en juego
Más allá de los números, la institución subrayó un punto clave: el acceso al transporte es esencial para garantizar derechos básicos como el trabajo, la educación y la salud.
Aprobar aumentos sin estudios socioeconómicos sólidos podría convertirse en una barrera para sectores vulnerables, especialmente en zonas donde el autobús es la única opción de movilidad.
En ese contexto, la Defensoría insistió en que las tarifas deben sustentarse en información confiable y transparente, dejando claro que la ciudadanía no puede cargar con errores técnicos o administrativos de las empresas operadoras.
