La justicia de Estados Unidos dio un nuevo paso en el proceso penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al fijar para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio en el que enfrentará cuatro cargos federales relacionados con narcotráfico y delitos con armamento.
La decisión fue tomada este miércoles por el juez federal Alvin Hellerstein, durante la tercera comparecencia del exmandatario ante un tribunal de Nueva York desde su captura, ocurrida en enero de este año.
Tribunal fija el inicio del juicio
Durante la audiencia, el magistrado acogió la solicitud presentada por el fiscal federal Jay Clayton, quien pidió establecer una fecha para el proceso judicial.
Maduro, de 63 años, permanece recluido en una prisión de Brooklyn junto a su esposa, Cilia Flores, mientras avanzan los preparativos del juicio.
Ambos fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses, que incluyó unidades terrestres, aéreas y navales.
Tras esa intervención, Delcy Rodríguez, quien ocupaba la vicepresidencia venezolana, asumió como mandataria interina.
Los cuatro delitos que enfrenta
Durante el proceso, Nicolás Maduro se ha declarado no culpable de todos los cargos formulados por la Fiscalía estadounidense y se ha definido públicamente como un «prisionero de guerra».
Los delitos por los que será juzgado son:
- Conspiración para cometer narcoterrorismo.
- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que cuentan con pruebas suficientes para llevar el caso a juicio, mientras que la defensa rechaza las acusaciones.
Washington autorizó el pago de su defensa
Uno de los aspectos que marcó el proceso en los últimos meses fue la autorización otorgada por Estados Unidos para que Venezuela pudiera financiar la representación legal de Maduro y de Cilia Flores.
Inicialmente, las sanciones económicas impuestas por Washington impedían realizar esos pagos, situación que la defensa consideró una violación del derecho constitucional a elegir libremente a sus abogados.
En abril, el gobierno estadounidense levantó esa restricción, permitiendo que ambos contrataran y mantuvieran su equipo legal.
Los abogados del exmandatario habían solicitado previamente que el caso fuera desestimado al considerar que las limitaciones económicas afectaban sus garantías procesales, aunque el tribunal rechazó ese planteamiento y decidió continuar con el proceso.
Con la fecha del juicio ya establecida, el caso entrará ahora en una etapa de preparación en la que ambas partes continuarán presentando pruebas y argumentos antes del inicio formal del debate judicial en junio de 2027.
