Una nueva controversia sacude al sistema penitenciario costarricense. Esta vez, la protagonista es Daisy Matamoros, actual subdirectora de Adaptación Social, quien quedó captada en video agrediendo física y verbalmente a un oficial de tránsito. El incidente, que se ha viralizado rápidamente tras ser divulgado por Trece Noticias, ha generado reacciones de indignación tanto en redes sociales como entre figuras del ámbito público.
El video muestra a Matamoros visiblemente alterada, enfrentando al oficial en plena vía pública. En las imágenes se escucha cómo la funcionaria se identifica como “Comisionada” y abogada, en un aparente intento de imponer autoridad y evadir un control de tránsito. Su actitud incluyó empujones, gritos y amenazas, dejando en evidencia un uso desmedido de su posición institucional.
Más allá del bochornoso comportamiento, el hecho genera preocupación por el tipo de liderazgo y cultura institucional que podría estar promoviendo dentro de una entidad tan delicada como Adaptación Social, encargada de la reinserción de personas privadas de libertad.
En Costa Rica, este tipo de agresiones hacia funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores no solo son condenadas socialmente, sino que podrían acarrear consecuencias legales. Según el Código Penal, la agresión contra un servidor público en funciones puede ser tipificada como delito, con sanciones que incluyen cárcel, dependiendo de la gravedad del hecho.
Fuentes internas del Ministerio de Justicia aseguran que ya se abrió una investigación preliminar para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas correspondientes. Mientras tanto, gremios de oficiales de tránsito exigen una sanción ejemplar para demostrar que el poder no puede ser usado como escudo frente a la ley.
Este caso reaviva un viejo debate en la función pública: ¿hasta qué punto el cargo se convierte en sinónimo de impunidad? Y más importante aún, ¿qué mensaje se le está enviando a la ciudadanía y al propio cuerpo de seguridad?
De momento, Matamoros no ha ofrecido una versión oficial ni disculpas públicas, mientras crece la presión para que el Ministerio de Justicia actúe con firmeza y transparencia.
