martes, 14 julio 2026
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¡Otra vez en la cuerda floja! Asamblea deberá decidir si Rodrigo Chaves pierde su inmunidad presidencial

Nueva movida del TSE pone a Rodrigo Chaves bajo la lupa: piden levantarle la inmunidad por beligerancia política.

El debate sobre la inmunidad presidencial de Rodrigo Chaves vuelve a encender el panorama político costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó una nueva solicitud ante la Asamblea Legislativa para que se levante la inmunidad del mandatario, esta vez con el propósito de abrir un procedimiento sancionatorio por presunta beligerancia política.

De aprobarse, el Congreso permitiría que el TSE avance con un proceso que busca determinar si el presidente violó las normas constitucionales y civiles que impiden a los funcionarios públicos involucrarse en actividades partidarias o electorales, o bien, usar recursos estatales con fines políticos.

Un caso que se reabre tras un rechazo reciente

Esta nueva solicitud llega apenas dos semanas después de que los diputados votaran en contra de levantarle la inmunidad al mandatario, cuando el 22 de septiembre pasado 34 legisladores se opusieron y 21 votaron a favor.

En esa ocasión, la petición provenía de la Fiscalía General de la República, que acusaba a Chaves del presunto delito de concusión, una figura penal relacionada con el uso indebido de fondos o bienes públicos para beneficiar a terceros.

Ahora, el caso regresa al Plenario bajo una arista distinta: la participación del presidente en actos considerados de contenido político-electoral, lo que según el TSE podría constituir una falta grave a los principios de neutralidad e imparcialidad que rigen el ejercicio público.

Lo que podría venir

Si la Asamblea autoriza el levantamiento de la inmunidad, el Tribunal tendría luz verde para continuar con el procedimiento administrativo y eventualmente imponer sanciones si se comprueba la falta.

Por el contrario, si los diputados vuelven a rechazar la solicitud, el proceso quedaría nuevamente detenido, blindando al presidente de cualquier tipo de sanción mientras mantenga su cargo.

El tema promete generar una nueva división política en el Congreso y mantener al país atento al desenlace de un caso que podría marcar un precedente sobre los límites del poder presidencial en Costa Rica.

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