La permanencia de Randall Zúñiga en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) seguirá en pausa. La Corte Suprema de Justicia decidió este lunes ampliar por tres meses la suspensión del director en plaza, un movimiento que confirma que el caso está lejos de resolverse y que el proceso disciplinario apenas entra en una fase más profunda.
La medida fue aprobada por unanimidad en Corte Plena, tras revisar un informe preliminar de la Inspección Judicial que recomendaba extender la separación del cargo para garantizar que la investigación avance sin interferencias y sin poner en riesgo el proceso penal paralelo que también se encuentra en curso.
Una suspensión que ya se había advertido
El 29 de octubre, la Corte había aplicado una suspensión provisionalísima de 15 días mientras se recababan datos urgentes para definir si era necesario apartarlo por más tiempo. Ese plazo vence este miércoles 19 de noviembre, por lo que el tema fue incorporado nuevamente este lunes a la agenda de los magistrados.
Este análisis, sin embargo, se hizo con un expediente mucho más robusto que el de hace dos semanas. La Inspección Judicial entregó nueva documentación y el Ministerio Público ya tenía material adicional proveniente de las primeras diligencias.
El caso que mantiene a Zúñiga bajo la lupa
El director del OIJ enfrenta un panorama jurídico complejo. Actualmente pesan sobre él al menos tres denuncias penales vinculadas con presuntos delitos sexuales contra varias víctimas. Todas se tramitan en distintas sedes del Ministerio Público y han dado pie a un procedimiento administrativo interno.
Un jefe policial en el centro del huracán
Las investigaciones han dejado a Zúñiga fuera del cargo desde finales de octubre, y su suspensión se ha convertido en una de las decisiones institucionales más comentadas del año. El jerarca ha negado públicamente todas las acusaciones, pero el Poder Judicial considera necesario apartarlo del puesto mientras el caso se aclara.
Con la extensión de tres meses, la Corte envía un mensaje claro: el expediente no solo no está cerrado, sino que se profundiza.
Ahora, la Inspección Judicial y el Ministerio Público cuentan con un periodo adicional para avanzar con entrevistas, peritajes tecnológicos, revisión de dispositivos y análisis de pruebas que podrían definir el futuro del principal líder policial del país.
