Las autoridades judiciales avanzan en la investigación contra una mujer de 26 años sospechosa de emitir amenazas directas contra la presidenta electa de la República, Laura Fernández, tras un operativo realizado esta semana en el cantón de El Guarco, en la provincia de Cartago.
Como parte de las diligencias ordenadas por la Fiscalía Adjunta de Cartago, los agentes judiciales decomisaron dos teléfonos celulares, varias prendas de vestir y material fotográfico que ahora forman parte del expediente penal abierto por el presunto delito de amenazas agravadas. El caso se tramita bajo el número 26-000464-0058-PE.
El allanamiento se ejecutó la mañana del miércoles 4 de febrero en una vivienda ubicada en El Tejar del Guarco. De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial, dentro de los artículos incautados figuran fotografías y vestimenta que, en apariencia, habrían sido utilizadas durante la grabación de los mensajes intimidatorios que circularon en redes sociales.
Además del decomiso de objetos, los investigadores realizaron un registro fotográfico del inmueble, ya que, según las pesquisas preliminares, ese sitio habría servido como escenario para la grabación de los videos que motivaron la denuncia.
La sospechosa, identificada con los apellidos Barahona Hazera, fue detenida y permanece bajo custodia judicial mientras el Ministerio Público define la fecha de la audiencia en la que se solicitarán medidas cautelares.
En paralelo a estas acciones, la presidenta electa se presentó este jueves ante la Fiscalía Adjunta de Cartago. Según confirmó ese despacho, la comparecencia tuvo como objetivo ponerla formalmente en conocimiento de los hechos investigados, un procedimiento conocido como “información de derechos”, habitual en este tipo de causas.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que, en los mensajes bajo análisis, la imputada habría mencionado la supuesta existencia de un grupo numeroso de personas que respaldarían un eventual plan para atentar contra Fernández. Incluso, se investiga una advertencia en la que se le habría exigido no ingresar a Cartago y abandonar la zona en un plazo de 24 horas.
Las autoridades mantienen el caso bajo reserva parcial mientras continúan con el análisis del material decomisado y la verificación del alcance real de las amenazas, en un contexto marcado por la alta sensibilidad política del proceso de transición presidencial en el país.
