Un operativo policial en Barbilla de Batán, en la provincia de Limón, terminó con un fuerte intercambio de disparos, la captura de cuatro personas y el hallazgo de una toma ilegal utilizada para el robo de combustible. El caso volvió a encender las alertas sobre este delito, que continúa afectando la seguridad energética del país.
Todo se activó en la madrugada del sábado 7 de junio, cuando la Fuerza Pública recibió una denuncia anónima que alertaba sobre actividades sospechosas en la zona. Al llegar al sitio, los oficiales se toparon con una escena más peligrosa de lo esperado: se produjo un tiroteo en el que uno de los sospechosos fue herido en la pierna y tuvo que ser trasladado a un centro médico.
Los detenidos fueron identificados con los apellidos Salazar (una mujer), Fuertes, Hooker (herido) y Williams, quienes ahora figuran como sospechosos de estar involucrados en robo, transporte y almacenamiento irregular de hidrocarburos.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron 3.328 litros de combustible que se encontraban dentro de un camión, distribuidos en 16 estañones. El producto fue entregado a Recope, que se encargó de trasladarlo a su terminal en Moín para su análisis y resguardo. Además, en la zona fue localizada una toma ilegal, la cual fue intervenida de inmediato por personal especializado.
La presidenta de Recope, Karla Montero, destacó que este golpe al crimen organizado es el resultado de una estrategia más amplia:
“Estamos invirtiendo en capacitar a los cuerpos policiales y promoviendo la denuncia ciudadana. Esto no solo nos permite reaccionar más rápido, sino que protege vidas y asegura el suministro de energía para todo el país”, señaló.
El mismo sábado por la tarde, otra toma ilegal fue localizada y desmantelada en la comunidad de Liverpool, también en Limón. En paralelo, se ejecutaron seis allanamientos en distintos puntos relacionados con el caso, con el objetivo de recolectar pruebas y avanzar en el proceso judicial.
Un problema persistente
Con estas dos nuevas intervenciones, el mes de junio inicia con fuerza en la lucha contra el robo de combustibles, sumando ya 34 tomas ilegales intervenidas en lo que va del 2025. Aunque la cifra es menor comparada con los años anteriores (58 en 2024 y 85 en 2023), el impacto del delito sigue siendo considerable.
Según datos de Recope, al corte del 31 de mayo de este año se han sustraído 1,8 millones de litros de combustible, una cifra idéntica a la del año pasado, pero aún muy por debajo del récord de 2,5 millones de litros en 2023.
Este tipo de delitos no solo representa una pérdida económica millonaria, sino que también implica un riesgo latente para comunidades enteras por la manipulación clandestina de sustancias inflamables. Además, refuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante en las zonas vulnerables y fomentar la colaboración ciudadana.
La situación en Limón, con múltiples hallazgos recientes, demuestra que el crimen organizado continúa buscando rutas alternas para delinquir, mientras las autoridades afinan su capacidad de respuesta para frenar esta práctica antes de que escale aún más.
