«Se les acabó la fiesta»: La pena de cárcel que le espera a los sicarios con la nueva ley aprobada hoy
Diputados dan luz verde a castigos de hasta 40 años; la medida busca frenar a los 600 gatilleros que, según el Ministro, siguen activos en las calles.
En una respuesta legislativa directa a la crisis de homicidios que desangra al país, la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley que endurece drásticamente las consecuencias para quienes han hecho de la muerte su oficio. La iniciativa establece un nuevo marco penal para el sicariato, fijando condenas que oscilan entre los 20 y los 40 años de prisión para quien asesine a otra persona a cambio de una remuneración económica.
La reforma, impulsada por la fracción de Nueva República, pretende cerrar el cerco sobre los «gatilleros» y desincentivar el mercado de la muerte por encargo, una modalidad que ha disparado las estadísticas de violencia en el territorio nacional.
El negocio de la muerte: Matar por precio
El texto aprobado ataca la naturaleza transaccional del crimen. La figura penal se agrava específicamente cuando media un pago, promesa de remuneración o cualquier beneficio económico. Con esta modificación, el sistema judicial tendrá herramientas para imponer sentencias cercanas al máximo legal permitido en Costa Rica (50 años) a quienes ejecuten estos actos.
El objetivo es enviar un mensaje contundente a las estructuras criminales: el costo de la libertad para un sicario será, en la práctica, una cadena perpetua de facto, dado que una condena de 40 años sacaría de circulación al delincuente durante la mayor parte de su vida productiva.
La radiografía del sicariato: 600 ejecutores activos
El contexto de esta aprobación se sustenta en datos de inteligencia alarmantes proporcionados por el Ministerio de Seguridad Pública. El jerarca de la cartera, Mario Zamora, reveló una radiografía del submundo criminal que opera en el país.
Según las estimaciones oficiales, actualmente existen 600 sicarios activos en Costa Rica. Aunque esta cifra representa una reducción técnica respecto a los 1.000 estimados en el año 2023, sigue siendo un ejército de ejecutores al servicio del narcotráfico.
Zamora detalló que estos gatilleros no actúan solos. Cuentan con una red de apoyo logístico de aproximadamente 1.500 personas, quienes se encargan de labores de inteligencia, transporte y ocultamiento.
350 bandas en disputa
La necesidad de esta ley responde a la fragmentación y violencia de las estructuras delictivas. El Ministro de Seguridad confirmó que en el país operan entre 340 y 350 grupos criminales, los cuales utilizan el sicariato como su principal herramienta para resolver disputas territoriales y ajustes de cuentas.
Con la aprobación en primer debate, el proyecto queda a las puertas de convertirse en Ley de la República tras su segundo debate y firma presidencial, dotando a los jueces de un mazo más pesado para castigar a quienes lucran con la vida ajena.
