El diputado electo del Frente Amplio, José María Villalta, volvió a colocar el tema de la seguridad pública en el centro del debate político tras manifestar su rechazo al modelo carcelario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El legislador calificó ese enfoque como “inhumano” y aseguró que es incompatible con los valores democráticos y jurídicos que, a su criterio, debe defender Costa Rica.
Las declaraciones se dieron en un contexto regional marcado por la atención internacional que ha generado la política de “mano dura” aplicada por el gobierno salvadoreño, particularmente con la construcción y operación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel diseñada para albergar a miles de personas vinculadas a pandillas.
“Nunca estaré de acuerdo con prisiones como las de Bukele. Muchos de esos jóvenes podrían ser mis estudiantes de Derecho. Eso es inhumano y Costa Rica debe oponerse a ese tipo de cárceles”, afirmó Villalta, dejando clara su postura ante cualquier intento de replicar ese modelo en el país.
El CECOT ha sido presentado por el gobierno salvadoreño como un pilar fundamental en la reducción de la violencia y el control del crimen organizado. No obstante, también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos y sectores políticos que advierten sobre detenciones masivas, condiciones de reclusión extremas y limitaciones al debido proceso.
Villalta subrayó que el enfoque punitivo extremo no debe convertirse en una alternativa para Costa Rica, y defendió una visión de la política criminal centrada en el respeto a los derechos humanos, la prevención y la reinserción social. Esta posición es coherente con la línea histórica del Frente Amplio, partido que ha sido crítico de las políticas de seguridad basadas exclusivamente en el endurecimiento de penas y el aumento del encarcelamiento.
Las reacciones no tardaron en aparecer. En redes sociales, algunos usuarios respaldaron al diputado electo, argumentando que la seguridad no puede construirse a costa de la dignidad humana. Otros, en cambio, lo cuestionaron con dureza, señalando que su postura desconoce la preocupación ciudadana por el aumento de la criminalidad y lo que consideran respuestas “firmes” al delito.
El intercambio refleja una discusión que promete intensificarse en el próximo periodo legislativo: cómo enfrentar la inseguridad sin sacrificar principios democráticos ni derechos fundamentales. Con posturas claramente enfrentadas entre quienes impulsan medidas más severas y quienes apuestan por enfoques integrales, el modelo salvadoreño se perfila como uno de los principales puntos de choque en el debate político costarricense sobre seguridad pública.
