La tensión entre la presidenta electa Laura Fernández y la jerarca de la Contraloría General de la República quedó expuesta este lunes, luego de que la contralora general Marta Acosta respondiera de forma pública y directa a la solicitud de renuncia planteada por la futura mandataria.
La reacción de la Contraloría no tardó. Mediante un comunicado oficial, el ente fiscalizador dejó claro que no emitirá criterio sobre la petición de Fernández, al considerar que se trata de un tema que toca de lleno el principio constitucional de separación de poderes. En su pronunciamiento, la institución subrayó que resulta improcedente que quien encabezará el Poder Ejecutivo solicite la salida de la jerarca del órgano encargado de fiscalizarlo.
Desde la perspectiva institucional, la Contraloría recordó que no depende del Ejecutivo, sino que actúa como órgano auxiliar del Poder Legislativo, con la responsabilidad de vigilar el uso correcto de los fondos públicos y el cumplimiento de la legalidad administrativa. Bajo esa lógica, el comunicado enfatizó que la fiscalización no puede interpretarse como una molestia personal o política.
Marta Acosta ocupa el cargo desde 2012 y fue reelecta en 2020. Su nombramiento, así como una eventual destitución, recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa. La Constitución Política establece que solo una mayoría calificada de 38 diputados podría removerla de su puesto, y su actual periodo concluye en 2028.
El escenario político agrega un componente numérico clave. Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, el oficialismo contará con 31 curules en el próximo Congreso, lo que significa que, aun con control absoluto de su fracción, necesitaría sumar votos de al menos siete diputados de oposición para impulsar una eventual destitución.
Las declaraciones de Fernández se dieron durante una entrevista televisiva, donde sostuvo que la gestión de Acosta “ya cumplió un ciclo” y señaló presuntas fallas en la fiscalización de la Hacienda Pública, citando casos de corrupción ocurridos durante su administración. Para la presidenta electa, el país requiere una renovación en puestos clave del aparato estatal.
En ese mismo espacio, Fernández insistió en que su postura responde a una visión de cambio institucional y no a un ataque personal, aunque el mensaje fue interpretado por diversos sectores como un pulso temprano entre el nuevo Ejecutivo y uno de los órganos de control más relevantes del Estado costarricense.
