En Costa Rica se ha vuelto común escuchar que el cambio climático no debería ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional. El razonamiento se repite con facilidad: el país emite poco, los grandes contaminadores están en otro lado y existen problemas más inmediatos que atender, como el empleo, la seguridad ciudadana, la educación o el sistema de pensiones. Esta postura suele presentarse como una defensa del “sentido común” y de la evidencia, frente a lo que algunos califican como alarmismo ambiental.
Sin embargo, cuando se examina el tema desde una óptica técnica, esa narrativa no responde a un desacuerdo legítimo de opinión, sino a una comprensión parcial del riesgo. Y en política pública, las lecturas incompletas suelen tener consecuencias costosas.
El primer problema es de enfoque. Se confunden conceptos distintos: mitigación con adaptación, volumen de emisiones con exposición al riesgo, responsabilidad global con vulnerabilidad local. Que Costa Rica tenga una participación marginal en las emisiones globales de gases de efecto invernadero puede ser relevante en discusiones diplomáticas, pero aporta muy poco para entender la magnitud del impacto que el cambio climático puede tener —y ya tiene— sobre su economía y su población.
La verdadera pregunta no es cuánto contaminamos, sino qué tan expuestos estamos. Y desde esa perspectiva, el país enfrenta una realidad compleja. Su ubicación geográfica, su topografía y su régimen climático lo colocan entre las naciones con mayor exposición a eventos hidrometeorológicos extremos. Esa condición, por sí sola, convierte al cambio climático en un factor económico central, no en un tema accesorio.
Los análisis internacionales refuerzan esta advertencia. El Global Risks Report 2026 del World Economic Forum sitúa los riesgos ambientales entre los más severos a diez años plazo, por encima de amenazas que suelen dominar el debate público, como conflictos armados, crisis financieras profundas o inestabilidad política. No es un discurso ideológico: es una evaluación comparada de riesgos basada en datos y en la percepción de expertos globales.
Cuando ese análisis se traslada al contexto costarricense, el panorama se vuelve aún más claro. Estudios técnicos desarrollados en el marco del Global Shield against Climate Risks muestran que una parte significativa del producto interno bruto y de la población se concentra en zonas altamente vulnerables a fenómenos climáticos extremos. Infraestructura crítica, actividades productivas estratégicas y medios de vida de millones de personas están ubicados donde el impacto climático es mayor.
La evidencia histórica confirma esta tendencia. En las últimas décadas, Costa Rica no solo ha experimentado más eventos extremos, sino también episodios más intensos y prolongados. Sequías que afectan la producción agrícola y el abastecimiento de agua, lluvias torrenciales que provocan inundaciones y deslizamientos, y daños recurrentes a carreteras, puentes y viviendas. En algunos años, las pérdidas económicas asociadas a estos eventos se han acercado al equivalente de un 1% del PIB, una cifra que ninguna economía puede considerar menor.
Ante estos datos, el argumento de que “hay problemas más importantes” empieza a perder sustento. El cambio climático no compite con la agenda social y económica: la condiciona. Afecta la infraestructura, interrumpe cadenas productivas, presiona las finanzas públicas y profundiza desigualdades ya existentes. Tratarlo como un tema secundario no reduce su impacto; lo agrava.
El efecto es particularmente severo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas unidades productivas sostienen una parte fundamental del empleo nacional y suelen operar con márgenes financieros muy estrechos. Además, están concentradas en sectores altamente sensibles al clima, como la agricultura, el turismo, el comercio local y diversos servicios.
Cuando ocurre un evento extremo, la diferencia es evidente. Para una gran empresa, el golpe puede ser absorbido o diferido. Para una MiPyME, con frecuencia significa el cierre definitivo. Cada negocio que no logra recuperarse representa empleos perdidos, ingresos familiares interrumpidos y, muchas veces, retrocesos sociales que tardaron años en construirse.
En ese punto, el cambio climático deja de ser una discusión técnica y se convierte en un problema social. Los impactos no se distribuyen de manera equitativa. Los territorios más vulnerables, las personas con menor capacidad de adaptación y los emprendimientos más pequeños son quienes enfrentan primero y con mayor dureza las consecuencias. Con el tiempo, esas pérdidas también se reflejan en mayor presión sobre la seguridad, la salud y la cohesión social.
A este escenario se suma un elemento que suele subestimarse: la biodiversidad. Costa Rica no solo es rica en naturaleza; su modelo económico depende de ella. El turismo, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y la capacidad de amortiguar eventos extremos están directamente ligados a la salud de los ecosistemas. Dañarlos no es un costo ambiental abstracto, es debilitar la base productiva del país.
Proteger la biodiversidad no es oponerse al desarrollo ni al empleo. Es reconocer que sin ecosistemas funcionales no existe crecimiento sostenible. Ignorar esa relación no genera equilibrio; genera fragilidad.
Los datos económicos respaldan esta visión. Un estudio elaborado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el Plan Nacional de Descarbonización estimó que su implementación podría generar beneficios económicos netos acumulados por alrededor de 41 mil millones de dólares entre 2020 y 2050, superando ampliamente los costos asociados. Difícilmente se trata de una política diseñada para sacrificar recursos.
Minimizar el riesgo climático en nombre del “realismo” o de la prudencia no es una posición neutral. Es una decisión que traslada los costos hacia los sectores más vulnerables y hacia las próximas generaciones. La evidencia científica y los análisis de riesgo están disponibles desde hace años. No son nuevos ni extremos.
El verdadero debate no gira en torno a si el cambio climático existe o si Costa Rica emite poco. La discusión de fondo es si el país está dispuesto a reconocer su nivel de exposición, proteger a quienes enfrentan mayor riesgo y diseñar políticas públicas que entiendan que el clima ya no es un asunto ambiental aislado, sino una variable central del desarrollo económico y social.
La información está sobre la mesa. La pregunta es si vamos a asumirla con responsabilidad o seguir mirando hacia otro lado.
Escrito por Gabriel Pérez Salguera: Coordinador Regional para América Latina y el Caribe del V20 Sustainable Insurance Facility, Ex presidente del Grupo INS.
