El 1 de octubre marca el inicio del año fiscal 2026 en Estados Unidos y, de acuerdo con la ley conocida como «One Big Beautiful Bill», impulsada por Donald Trump y aprobada el pasado 4 de julio, a partir de esa fecha debería comenzar a regir un nuevo arancel migratorio: la «Visa Integrity Fee», un cargo adicional de 250 dólares que se sumaría al costo de las visas de no inmigrante.
Sin embargo, llegada la fecha clave, la medida aún no ha sido oficializada. Ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ni el Departamento de Estado han emitido la normativa necesaria para poner en marcha este cobro, lo que ha generado incertidumbre entre los solicitantes y observadores del sistema migratorio estadounidense.
Esta tarifa adicional está contemplada para aplicarse a todos los solicitantes de visas de no inmigrante, como turistas, estudiantes, trabajadores temporales o viajeros de negocios. No reemplaza los cobros actuales, sino que se suma a ellos. Por ejemplo, quienes soliciten una visa B1/B2 —la más común para turismo o negocios— que actualmente cuesta 185 dólares, tendrían que pagar un total de 435 dólares si la «Visa Integrity Fee» entra en vigor como está prevista.
La ley establece un monto base de 250 dólares a partir del año fiscal 2026, con posibilidad de ajustes anuales. Aun así, no hay confirmación oficial sobre si la tarifa comenzará a aplicarse desde el 1 de octubre ni sobre cómo se implementará. Tampoco se ha definido con claridad qué agencia será responsable de gestionar este nuevo cobro, ni a través de qué plataforma se realizará el pago. Lo que sí se ha indicado es que la tarifa solo se cobraría en caso de que la visa sea aprobada, no durante la etapa de solicitud.
Estarían exentos de este arancel los ciudadanos de los 42 países que integran el Programa de Exención de Visas, como España, Chile, Australia, Reino
