La diputada oficialista y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, presentó una denuncia contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, a quien responsabiliza de una presunta actuación irregular en torno al denominado Caso Barrenador.
Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en el programa “No Mientas El Show”, donde Esquivel aseguró que la Contraloría General de la República fue utilizada con fines de persecución política.
Cuestiona actuación de la Contraloría
Según la legisladora, la denuncia se originó porque la contralora se habría negado a investigar el procedimiento seguido por funcionarios de la institución que elaboraron el documento técnico que dio pie a la investigación penal.
“He sido sometida a un juicio político provocado por un papel ineficiente desempeñado desde la Contraloría; algo que no ha querido aceptar Acosta y que motiva esta denuncia, pues se negó a revisar el procedimiento anómalo de sus subordinados”, afirmó Esquivel.
Señala irregularidades en el Caso Barrenador
La diputada sostuvo que la denominada “nota técnica” utilizada como base para la investigación fue elaborada en un corto plazo y, según su criterio, no cuenta con el rigor técnico suficiente para sustentar los supuestos sobreprecios relacionados con la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas de salud.
Además, aseguró que el expediente judicial presenta debilidades y afirmó que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha solicitado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un análisis forense de las ofertas económicas involucradas en el caso.
Esquivel reiteró que la adjudicación de esos contratos, lejos de representar un perjuicio, generaría un ahorro de hasta ₡18.000 millones para la CCSS.
Proceso continúa en desarrollo
La legisladora también señaló que las cooperativas de salud involucradas presentaron una demanda contra la Contraloría por presuntas inconsistencias en el documento que dio origen al caso.
Asimismo, indicó que la Sala Constitucional ha realizado observaciones relacionadas con presuntas filtraciones de información y el manejo de pruebas durante los allanamientos efectuados en la investigación.
El denominado Caso Barrenador continúa en trámite ante las autoridades judiciales, mientras las distintas instituciones involucradas mantienen abiertas sus actuaciones relacionadas con el proceso.
