Lo que comenzó como una controversia por una publicación en redes sociales podría convertirse en una pesadilla económica para los periodistas Álvaro Sánchez y Christian Montero. A los despidos fulminantes de Telenoticias, ahora se suma una denuncia interpuesta por el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).
El mandatario acusa a ambos comunicadores de haber divulgado su número de teléfono personal a través de sus perfiles sociales, tras compartir un documento judicial. Esto, según Chaves, constituye una violación gravísima de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968), en específico lo que establece el artículo 28.
Dicho artículo contempla multas que oscilan entre 15 y 30 salarios base del cargo de auxiliar judicial 1. Actualmente, ese salario ronda los ₡462.000, por lo que la sanción que podrían enfrentar los comunicadores va desde los ₡6.930.000 hasta ₡13.860.000 por cabeza.
Una denuncia que enciende más el fuego
La acción legal del presidente se suma a un ambiente ya caldeado en el gremio periodístico. El despido de Sánchez y Montero, que ocurrió el pasado viernes, generó un debate público sobre el uso de redes sociales por parte de los periodistas y el nivel de influencia que puede tener el poder político en las decisiones de los medios.
Tanto Álvaro como Christian fueron despedidos por Teletica bajo el argumento de haber incurrido en una falta, pese a que lo publicado fue desde sus cuentas personales. Sin embargo, la propia televisora reconoció que lo hicieron “a título individual”, lo que ha dejado muchas preguntas sobre el verdadero origen de la decisión.
¿Un mensaje para todo el gremio?
La denuncia ante PRODHAB parece tener un doble propósito: por un lado, castigar lo que el presidente considera una violación a su privacidad; por otro, enviar un mensaje contundente a quienes difundan información sensible de figuras públicas.
Pero también ha encendido las alarmas entre periodistas y defensores de la libertad de expresión, que consideran que esta acción podría usarse como precedente para coartar el trabajo informativo y sancionar de forma desproporcionada a quienes incomoden al poder.
Por ahora, queda en manos de PRODHAB definir si abre el procedimiento sancionatorio y, eventualmente, impone la millonaria multa que exige Rodrigo Chaves. Lo cierto es que para Álvaro y Christian, el caso no se ha cerrado… apenas comienza otro capítulo.
