La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) logró este martes un paso que durante años parecía esquivo: notificar formalmente a José Miguel Villalobos Umaña por una deuda que supera los ₡300 millones. El propio Villalobos, candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano y abogado personal del presidente Rodrigo Chaves, confirmó que la comunicación oficial le fue entregada en su casa de habitación.
El hecho no es menor. De acuerdo con informes internos de la institución, la CCSS había estado cerca de catalogar parte de esa deuda como de difícil recuperación, ante los reiterados problemas para ubicar al deudor y la ausencia de bienes inscritos a su nombre. La notificación reabre ahora un expediente que se había convertido en un ejemplo incómodo de las limitaciones del sistema de cobro institucional.
Una deuda que creció en silencio
Según un informe de la Auditoría Interna de la CCSS, Villalobos mantiene obligaciones pendientes por ₡312 millones, con corte al 20 de noviembre de 2025. El monto se divide en dos rubros: poco más de ₡149 millones correspondientes a su condición de patrono físico y cerca de ₡163 millones como trabajador independiente.
En los registros del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), Villalobos aparece actualmente como patrono inactivo, pero como trabajador independiente activo. Esta doble condición fue clave en la acumulación de la deuda, que se arrastra desde hace varios años y ha dado pie a múltiples acciones administrativas y judiciales.
Cobros, procesos judiciales y direcciones que no funcionaron
La CCSS no solo intentó gestiones administrativas. El informe auditor detalla la existencia de al menos 21 procesos judiciales relacionados con el caso, de los cuales 13 se encuentran en etapa de ejecución y ocho ya cuentan con sentencia condenatoria. Aun así, en varios expedientes la notificación no se concretó.
El principal obstáculo, según la Subárea de Cobro Judicial a Patronos, ha sido la imposibilidad de localizar físicamente a Villalobos, sumada a la inexistencia de bienes inmuebles inscritos a su nombre que permitan asegurar el cobro. Incluso Correos de Costa Rica, entidad encargada de las notificaciones, reportó en distintos intentos la condición de “no localizado”.
Entre 2020 y 2024, la CCSS tramitó 11 avisos de cobro administrativo, tres de los cuales no pudieron concretarse por esa misma razón. En uno de los episodios más cuestionados, la institución optó por enviar un correo electrónico en mayo de 2025 solicitando la actualización de datos, una medida que la Auditoría calificó como poco efectiva para un caso de esta magnitud.
El silencio institucional y los vínculos políticos
El caso tomó mayor relevancia pública esta semana luego de que trascendiera que la CCSS analizaba declarar parte de la deuda como incobrable. Consultada por medios de comunicación, la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, evitó pronunciarse sobre el tema. Primero afirmó desconocerlo y luego indicó que no se referiría al caso.
El contexto político añade otra capa de complejidad: tanto Taylor como Villalobos coincidieron en el equipo que impulsó el fallido proyecto conocido como “Ley Jaguar” durante la actual administración. Esa cercanía ha alimentado cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo del expediente, aunque la CCSS no ha emitido una posición oficial al respecto.
Un caso que trasciende a una sola persona
Más allá del nombre del deudor, el expediente de José Miguel Villalobos pone sobre la mesa un problema estructural: las dificultades de la CCSS para cobrar montos millonarios, incluso cuando se trata de figuras públicas con alto perfil. La eventual declaratoria de difícil recuperación, aún en trámite, refleja los límites operativos y legales de la institución frente a deudores sin bienes registrados.
La notificación confirmada este martes podría marcar un punto de inflexión en el proceso. También deja abierta una discusión de fondo sobre la equidad del sistema, la eficacia de los mecanismos de cobro y la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para proteger los recursos de la seguridad social, un tema especialmente sensible para la ciudadanía costarricense.
