El enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público suma un nuevo capítulo. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, confirmó que presentará una denuncia penal contra el fiscal general Carlo Díaz, al considerar que no se ha aplicado correctamente la legislación vigente en casos relacionados con el ingreso ilegal de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación a los centros penitenciarios del país.
Según Aguilar, existe un aparente incumplimiento de deberes debido a que numerosos casos detectados en las cárceles habrían sido tramitados mediante procedimientos administrativos en lugar de la vía penal que establece la ley.
Más de 90 casos detectados en cárceles
Datos del Ministerio de Justicia revelan que desde abril de 2025 y hasta junio de 2026 se han identificado cerca de 90 intentos de ingreso de teléfonos celulares, chips y otros dispositivos electrónicos a distintos centros penitenciarios.
Las autoridades penitenciarias aseguran que muchos de estos hallazgos se han producido durante inspecciones de encomiendas dirigidas a privados de libertad, aunque también se han detectado intentos durante visitas familiares, íntimas y legales.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Limón, donde un hombre fue interceptado cuando presuntamente intentaba introducir varios teléfonos celulares y chips dentro de un establecimiento penitenciario.
Reforma penal endureció sanciones
El jerarca sostiene que la situación cambió con la reforma al artículo 257 del Código Penal, aprobada y puesta en vigencia en abril de 2025.
De acuerdo con la modificación legal, el ingreso o intento de ingreso de dispositivos de comunicación a centros penitenciarios pasó a constituir un delito sancionable con penas de prisión.
Por esta razón, Aguilar considera que estos hechos deben ser investigados penalmente y no únicamente mediante sanciones administrativas.
Celulares facilitan actividades criminales
Desde el Ministerio de Justicia insisten en que los teléfonos celulares continúan siendo una de las principales herramientas utilizadas por grupos criminales para coordinar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.
Las autoridades han señalado en múltiples ocasiones que estos dispositivos son utilizados para extorsiones, estafas telefónicas, tráfico de drogas y coordinación de delitos fuera de los centros penitenciarios.
Por ello, consideran fundamental aplicar de manera estricta la legislación vigente para reducir las posibilidades de comunicación entre privados de libertad y organizaciones criminales externas.
Gobierno busca reforzar controles
Además de la denuncia anunciada contra Carlo Díaz, el Ministerio de Justicia adelantó que impulsará nuevas acciones para fortalecer los mecanismos de vigilancia y control dentro de los centros penales.
Gabriel Aguilar reiteró que el objetivo es garantizar que las disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa se apliquen de manera efectiva y que quienes intenten introducir dispositivos de comunicación a las cárceles enfrenten las consecuencias establecidas en la ley.
La denuncia anunciada por el ministro abre un nuevo frente de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, en medio del debate sobre seguridad, control penitenciario y combate al crimen organizado en Costa Rica.
