La Asamblea Legislativa se prepara para una jornada que promete mover el panorama político nacional. Este viernes 14 de noviembre, el presidente Rodrigo Chaves Robles deberá comparecer ante la comisión especial que estudia si recomienda o no levantarle la inmunidad, tras una solicitud presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La petición se origina en 15 denuncias por presunta beligerancia política.
Aunque el caso ha estado en discusión durante semanas, será ahora cuando el mandatario tenga que responder directamente a los cuestionamientos formulados por diputadas y diputados. La comisión está integrada por Alejandra Larios (PLN), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y el oficialista Daniel Vargas.
¿Qué investigan los diputados? El listado de señalamientos al presidente
El expediente que analiza la comisión tiene su origen en resoluciones emitidas el 7 de octubre por la Sección Especializada del TSE, que dio con lugar varios amparos electorales presentados por dirigentes políticos, ciudadanos, candidatos presidenciales y legisladores.
A partir de esas resoluciones, los diputados pedirán cuentas al presidente sobre una serie de intervenciones públicas que —a criterio del Tribunal— podrían constituir beligerancia política.
Entre los puntos sobre los que se le consultará destacan:
- Mensajes de tinte político en las conferencias de prensa del 4 de diciembre y del 22 y 29 de enero de 2025.
- Frases con contenido electoral durante la cadena nacional del 8 de diciembre de 2024.
- Conferencia del 30 de enero de 2025, donde anunció las renuncias de Laura Fernández y Mauricio Batalla, y en la cual usó el pin del jaguar y el término “jaguares”, símbolo del partido MOTIVA.
- Acto inaugural del curso lectivo 2025, el 6 de febrero, cuando instó a estudiantes a votar y pidió “40 diputados” para impulsar reformas.
- Presencia en la marcha del 4 de marzo contra el fiscal general y el Poder Judicial, junto a su gabinete.
- Discurso del 25 de julio en Nicoya, donde él y Pilar Cisneros reiteraron la necesidad de obtener “40 diputados o más”.
- Programas televisivos emitidos desde Casa Presidencial, donde habló sobre la posibilidad de contar con suficientes diputados para “hipotéticamente” reformar el Poder Judicial.
- Programas de los miércoles, espacio recurrente donde ha insistido en la idea de conseguir “40 diputados de cualquier partido” para modificar la Constitución.
Cada uno de estos episodios será parte del interrogatorio, en un proceso que podría definir un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo y los organismos electorales.
Lo que viene tras la comparecencia
La comparecencia del presidente será la única audiencia que escuche la comisión. Después de ello, los legisladores tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para emitir un informe, luego de una prórroga de 20 días naturales.
Ese documento deberá ser votado y enviado al Plenario Legislativo entre 8 y 10 días hábiles, lo que coloca la discusión final hacia mediados de diciembre.
El Plenario recibirá una recomendación clara: mantener o levantar el fuero del presidente. Si se aprueba el desafuero, el expediente se trasladará de inmediato al TSE, que podría sancionar al mandatario con la pérdida de sus credenciales e inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta dos años.
El antecedente que marca este proceso
Este no es el primer roce del presidente con la posibilidad de perder su inmunidad. Entre julio y septiembre de este año, también enfrentó un procedimiento por el presunto delito de concusión en el denominado caso BCIE–Cariñitos. En ese momento, aunque asistió a la comisión el 22 de agosto, decidió no presentarse ante el Plenario.
Finalmente, el 22 de septiembre, el Congreso rechazó el levantamiento del fuero con 34 votos a favor y 21 en contra, cuando se requerían 38 votos afirmativos.
Aquella experiencia dejó claro que ningún proceso de desafuero es sencillo, y que cada voto contará en un escenario político que llega cargado de tensión y expectativas.
