Costa Rica dio un paso clave en la construcción de un nuevo centro penitenciario inspirado en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele. Este martes, los diputados aprobaron en segundo debate una modificación presupuestaria que asigna ¢7.870 millones para arrancar con el proyecto dentro del CAI Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
La estructura llevará por nombre Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco) y busca endurecer el régimen de control sobre personas privadas de libertad catalogadas de alta peligrosidad.
Recortes a 10 ministerios para financiar la obra
El dinero no proviene de nuevos ingresos, sino de traslados presupuestarios entre instituciones. En total, 10 ministerios vieron reducidas sus partidas para que el Ministerio de Justicia disponga de los recursos iniciales.
Entre los recortes destacan:
•Seguridad Pública: ¢4.122 millones menos.
•Obras Públicas y Transportes (MOPT): ¢1.745 millones.
•Salud: ¢886,3 millones.
•Hacienda: ¢364,9 millones.
•Comercio Exterior (Comex): ¢237,8 millones.
•Gobernación y Policía: ¢253,7 millones.
•Agricultura y Ganadería (MAG): ¢61,9 millones.
•Trabajo: ¢66,8 millones.
•Relaciones Exteriores y Culto: ¢88,8 millones.
•Presidencia de la República: ¢55,3 millones.
El monto aprobado corresponde a un 40% del costo total de la obra. El resto de los recursos se incluyó en el Presupuesto Ordinario 2026.
Unanimidad en el voto, pero con críticas
La iniciativa recibió 42 votos a favor, sin oposición al proyecto en sí. Sin embargo, la discusión en plenario se tornó tensa: bancadas como Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) reclamaron que mientras el Ejecutivo impulsa recursos extraordinarios para cárceles, se debilitan partidas para el Poder Judicial y para inversión social.
Contexto y posibles repercusiones
El proyecto forma parte de la estrategia del presidente Rodrigo Chaves para enfrentar el hacinamiento y el crimen organizado dentro de las cárceles costarricenses. No obstante, el modelo “estilo Bukele” ha generado debate: ¿podrá un esquema de alta contención replicarse en un país con un sistema judicial garantista y con cuestionamientos sobre recursos para la prevención social?
Con este paso, la administración Chaves sella su apuesta por un enfoque de mano dura en seguridad, a costa de reasignar fondos de áreas sensibles. Ahora la atención se centrará en cómo se ejecutará el proyecto y si logrará reducir la crisis penitenciaria que arrastra el país desde hace décadas.
