Han pasado casi tres semanas desde que la representante a la Cámara Ángela María Vergara González recibió la llamada que ninguna madre quiere contestar. Su hijo, Rafael Alfonso Vergara, de 22 años, había sido detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y trasladado a un centro de reclusión en Luisiana.
Desde entonces, la congresista ha emprendido una carrera contrarreloj para lograr que el joven regrese a Colombia mediante una salida voluntaria, mientras denuncia lo que califica como condiciones indignas dentro del centro de detención.
Una captura inesperada
Rafael había llegado a Estados Unidos en 2022. Según su familia, trabajaba de manera legal en una empresa de transporte de carga y contaba con los permisos requeridos y número de seguro social. Además, había iniciado un proceso de solicitud de asilo, cuya audiencia quedó programada para 2028.
La detención ocurrió durante una jornada laboral. En cuestión de minutos, el joven logró avisar a su madre y a una tía que reside en territorio estadounidense. Les dictó un número de registro clave para ubicarlo en el sistema penitenciario. Después de ese breve contacto, el silencio.
Durante las primeras horas, ni siquiera aparecía en las bases de datos oficiales, lo que aumentó la incertidumbre familiar. Finalmente, confirmaron que estaba recluido en el River Correctional Center, en Luisiana.
Un regreso que no llega
La familia gestionó ante un juez la salida voluntaria del país, figura que inicialmente fue aprobada. Creyeron que el proceso sería rápido. Sin embargo, la realidad ha sido distinta.
Según relató la representante, incluso hubo un momento en que varios colombianos detenidos estaban a punto de abordar un vuelo de regreso. El traslado fue cancelado a última hora y todos regresaron a sus celdas.
La congresista asegura que el trámite de retorno para quienes ya tienen definida su situación migratoria puede volverse prolongado e incierto, manteniendo a los detenidos en un limbo administrativo.
La última llamada: “Como una cárcel de máxima seguridad”
En la conversación más reciente con su hijo, ocurrida hace pocos días, la madre notó un fuerte deterioro emocional. El joven le describió el lugar donde permanece recluido: una celda compartida con alrededor de 70 personas, sin acceso a luz solar directa.
También relató que, cada vez que salen del espacio común para comer o desplazarse dentro del centro, son esposados de manos y cintura, bajo protocolos similares a los de prisiones de alta seguridad.
A esto se suma, según el testimonio, la presencia de cuadros gripales y fiebre entre varios internos. La representante señaló que percibió en su hijo signos de ansiedad y afectación anímica.
Más allá del caso personal, afirmó que ha entrado en contacto con al menos 76 familias colombianas que enfrentan situaciones similares. Algunos detenidos, aseguró, llevan meses sin comunicación con sus allegados.
Un llamado al Gobierno
Tras concluir los trámites legales en Estados Unidos con apoyo de un abogado, la familia espera que se concrete el vuelo de retorno. La congresista ha pedido al Gobierno colombiano que fortalezca los mecanismos de repatriación, ya sea mediante vuelos humanitarios o facilitando alternativas comerciales que las familias puedan costear.
En sus declaraciones, insiste en que su voz no busca un trato privilegiado, sino visibilizar la situación de cientos de connacionales que, según afirma, permanecen en centros de detención migratoria a la espera de una resolución.
Mientras tanto, la espera continúa. Para Ángela Vergara, el objetivo inmediato es uno solo: que su hijo regrese a casa sano y en libertad, después de semanas marcadas por la incertidumbre y la angustia.
