Una denuncia administrativa fue presentada ante la Inspección Judicial contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y la presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), Patricia Solano Castro, por una presunta beligerancia política y posibles incumplimientos a las normas sobre conflictos de interés que rigen para los funcionarios del Poder Judicial.
La gestión fue interpuesta por el abogado Esteban Aguilar Vargas, quien solicitó la apertura de una investigación preliminar para determinar si las manifestaciones públicas realizadas por ambos jerarcas judiciales podrían constituir eventuales faltas disciplinarias.
Cuestionan declaraciones del fiscal general
En el caso de Carlo Díaz, la denuncia hace referencia a diversas declaraciones relacionadas con la situación política nacional, el expresidente Rodrigo Chaves, el proyecto político oficialista y pronunciamientos en los que el fiscal general advirtió sobre posibles riesgos para la democracia costarricense.
El denunciante sostiene que esas manifestaciones deben ser analizadas para determinar si son compatibles con el deber de imparcialidad que exige el cargo.
También señalan comentarios de Patricia Solano
Respecto a la magistrada Patricia Solano, la gestión cuestiona declaraciones vinculadas con la situación económica del país.
Entre ellas menciona la comparación realizada por la presidenta de la Sala Tercera entre la denominada “economía jaguar” y una economía que “no llega ni a gatito”, expresión utilizada durante un pronunciamiento público sobre el panorama económico nacional.
Según el documento presentado, corresponde establecer si esas manifestaciones podrían interpretarse como una posición frente a un determinado proyecto político o si se encuentran amparadas por la libertad de expresión.
Solicitan resguardar pruebas
Como parte de la denuncia, Aguilar pidió a la Inspección Judicial preservar entrevistas, videos, publicaciones periodísticas y otros registros digitales relacionados con las declaraciones de ambos funcionarios.
Asimismo, solicitó que, de ser necesario, se requieran los archivos originales a medios de comunicación o plataformas donde fueron difundidas las manifestaciones.
Ahora será la Inspección Judicial la encargada de valorar el contenido de la denuncia y decidir si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal o si corresponde archivar la gestión.
Hasta el momento, ni Carlo Díaz Sánchez ni Patricia Solano Castro se han pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada en su contra.
