El gobierno de Estados Unidos volvió a mover las piezas de su política migratoria. Esta vez, la administración de Donald Trump instruyó a los consulados y embajadas a valorar la salud física y las condiciones familiares de quienes soliciten una visa de inmigrante. Entre las causas de rechazo, figuran ahora la obesidad, las enfermedades crónicas e incluso tener hijos o familiares con discapacidad o necesidades especiales.
El cambio se detalla en una directriz emitida por el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, donde se indica que los solicitantes podrían ser considerados “una carga pública” si requieren atención médica costosa o prolongada. La medida fue dada a conocer por el medio especializado KFF Health News y luego confirmada por la agencia AFP.
Una política que reabre viejas tensiones migratorias
Aunque Estados Unidos siempre ha evaluado la posibilidad de que un inmigrante se convierta en una carga económica, esta nueva versión amplía considerablemente los criterios, según expertos en derecho migratorio.
Durante su primer mandato, Trump impulsó medidas similares que restringieron el acceso a la residencia permanente a personas con bajos ingresos o condiciones médicas preexistentes. Esas políticas fueron eliminadas por el expresidente Joe Biden, pero ahora vuelven a ponerse sobre la mesa como parte del retorno del enfoque de “tolerancia cero”.
“Esta directriz revive una política discriminatoria que asocia el estado de salud con la productividad económica, algo incompatible con los principios de equidad”, señaló a medios estadounidenses un abogado especializado en inmigración.
¿Qué implica la nueva regla?
Los funcionarios consulares deberán valorar si el solicitante tiene los medios para costear su propio tratamiento médico y, de no ser así, podrán declarar su solicitud como inelegible. La disposición menciona específicamente casos de obesidad, diabetes, asma, hipertensión, apnea del sueño y otras condiciones que puedan requerir atención prolongada.
Además, la directriz amplía la evaluación al núcleo familiar, incluyendo a los hijos o padres mayores del solicitante, si se determina que requieren cuidados que limiten la capacidad laboral o generen dependencia económica.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, justificó la decisión afirmando que “el sistema migratorio estadounidense no debe convertirse en una carga para el contribuyente”, en línea con la visión del gobierno republicano de priorizar los recursos nacionales sobre las políticas de integración.
Una paradoja en el país con más obesidad del mundo desarrollado
Paradójicamente, Estados Unidos enfrenta uno de los índices de obesidad más altos del planeta: casi el 40% de su población adulta padece esta condición, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las cifras son especialmente altas en los estados del sur y medio oeste, muchos de los cuales han sido bastiones políticos del trumpismo.
Especialistas en salud pública advierten que esta política no aborda el problema desde un enfoque de salud, sino desde una lógica de exclusión. “Se está castigando una condición médica en lugar de tratarla como un tema de bienestar y prevención”, opinó un experto de la Universidad de Harvard citado por medios internacionales.
Impacto potencial para los migrantes latinoamericanos
La nueva regla podría afectar a miles de solicitantes latinoamericanos, entre ellos costarricenses que buscan establecerse en Estados Unidos por motivos laborales o familiares. En la práctica, los aspirantes podrían enfrentar retrasos en sus procesos o rechazos directos, si durante la revisión médica previa a la visa se detectan condiciones incluidas en la lista de exclusión.
Los consulados suelen exigir exámenes de salud realizados por médicos certificados, y con la aplicación de la nueva política, el peso corporal y el historial médico podrían pasar a tener un papel determinante.
