El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha anunciado una nueva fase en el fortalecimiento de sus políticas migratorias. A partir de 2025, el país norteamericano pretende ampliar el uso de pruebas de ADN y otros datos biométricos en los procesos de solicitud de visas, residencia y otros beneficios migratorios, en un movimiento que ya ha despertado debate entre organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en privacidad de datos.
La propuesta, elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), establece que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrá exigir la entrega de información biométrica no solo a quienes soliciten visas o residencias, sino también a patrocinadores, familiares y cualquier persona vinculada al trámite, sin límite de edad.
El documento, publicado en el Registro Federal, detalla que esta nueva regulación busca optimizar la verificación de identidad y prevenir el fraude en los procesos migratorios. En términos prácticos, el DHS tendría la facultad de requerir huellas dactilares, escaneos faciales, muestras de voz, imágenes oculares e incluso perfiles parciales de ADN.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo es “mejorar la precisión en la evaluación de solicitudes, fortalecer los controles de antecedentes y garantizar la seguridad nacional”. La recolección de estos datos también se aplicaría en los casos de personas detenidas o sujetas a deportación, con el fin de mantener una verificación continua de identidad a lo largo de todo el proceso migratorio.
El ADN como prueba de vínculo familiar o de identidad
Uno de los cambios más significativos es la incorporación del ADN como prueba complementaria o principal para confirmar vínculos familiares y, en algunos casos, el sexo biológico de los solicitantes. Hasta ahora, el USCIS únicamente aceptaba pruebas de ADN en circunstancias excepcionales, principalmente en procesos de naturalización o reunificación familiar cuando no existían documentos oficiales suficientes.
Con la nueva medida, el ADN podría ser requerido de forma obligatoria para validar relaciones entre patrocinadores y beneficiarios, así como para resolver casos en los que la documentación tradicional, como actas de nacimiento o matrimonio, sea considerada poco confiable.
El DHS argumenta que esta práctica busca reducir los intentos de fraude y evitar el uso de documentos falsos, una situación que, según informes internos, se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, críticos de la propuesta señalan que esta ampliación podría abrir la puerta a la vigilancia masiva y al almacenamiento de información genética sensible, afectando derechos de privacidad y protección de datos personales.
Efectos directos para los solicitantes de visa y migrantes
De aprobarse la medida, todos los solicitantes de beneficios migratorios —incluyendo visas de trabajo, permisos de residencia, asilo o reunificación familiar— deberán presentarse a la toma de datos biométricos. En caso de no hacerlo, podrían ver rechazadas o suspendidas sus solicitudes.
Asimismo, el DHS pretende reutilizar los datos recolectados durante todo el proceso, lo que significa que la información biométrica de una persona podría ser usada en múltiples verificaciones, incluso después de haber obtenido su beneficio migratorio.
La normativa también contempla un protocolo más estricto para reprogramar citas de toma biométrica, que solo se permitirá bajo “circunstancias extraordinarias”.
Un cambio en la política migratoria de fondo
Esta propuesta forma parte del plan de la administración Trump para reforzar el control fronterizo y reducir la inmigración irregular. Desde su retorno al poder, el presidente ha impulsado operativos de deportación masiva, revisado programas de asilo y endurecido los requisitos para la obtención de beneficios migratorios.
Para muchos analistas, la iniciativa representa un giro hacia una política migratoria más tecnológica y centralizada, en la que el Estado busca garantizar seguridad mediante la identificación biométrica completa de cada solicitante.
No obstante, organizaciones internacionales advierten que este tipo de medidas podría generar riesgos éticos y de confidencialidad, especialmente si no se establecen límites claros sobre el uso, almacenamiento y eventual eliminación de los datos genéticos.
En América Latina, la medida ha despertado inquietud entre quienes planean viajar o solicitar una visa hacia Estados Unidos. Expertos en temas migratorios recomiendan a los solicitantes informarse sobre los nuevos requisitos y, en caso de entrar en vigor, acudir únicamente a laboratorios acreditados para cualquier prueba de ADN solicitada por el USCIS.
Lo cierto es que Estados Unidos parece decidido a implementar una política migratoria basada en la verificación total de identidad. Para unos, representa una herramienta moderna para fortalecer la seguridad nacional; para otros, una señal preocupante de cómo la tecnología puede convertirse en una forma de control sin precedentes.
