El Ministerio de Hacienda estudia una iniciativa de ley impulsada por la diputada Montserrat Ruiz Guevara, del Partido Liberación Nacional (PLN), que busca reducir el impuesto al valor agregado (IVA) de 13% a 10%, a cambio de triplicar el tributo a los bienes inmuebles, pasando de un 0,25% a un 0,75% sobre el valor fiscal de las propiedades.
El proyecto, inscrito bajo el expediente 25.239, fue presentado el 9 de octubre y aunque se encuentra en una fase inicial, ya captó la atención del Ministerio de Hacienda, que comenzó a analizar su viabilidad.
“Estamos haciéndole los números al proyecto que presentó doña Monserrat (Ruiz) la semana pasada. Se trata de bajar el IVA al 10%, pero aumentando el impuesto a bienes inmuebles a 0,75%”, confirmó el viceministro de Egresos, Luis Molina, ante la Comisión de Hacendarios.
Molina señaló que una baja del IVA es posible, pero únicamente si se eliminan todas las exoneraciones. “Podría aplicarse un 10% parejo para todos y devolver a los más pobres lo que corresponda”, explicó.
El cambio de enfoque: del consumo a la riqueza acumulada
La diputada Ruiz sostiene que su propuesta busca equilibrar la carga tributaria, trasladándola del consumo —que golpea con más fuerza a los hogares de ingresos bajos y medios— hacia la propiedad y acumulación de riqueza.
“Hoy el Gobierno depende casi totalmente del IVA, y ese impuesto lo pagan principalmente las familias trabajadoras. En cambio, los bienes de alto valor muchas veces están subdeclarados o evaden el pago correcto”, señaló en el documento del proyecto.
Según la legisladora, la fragmentación del catastro nacional ha permitido que dos casas de igual valor paguen montos muy diferentes dependiendo del cantón donde estén inscritas.
Una Agencia Catastral Nacional y más control municipal
El plan contempla la creación de una Agencia Catastral Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda, que administraría un Catastro Nacional Único actualizado cada tres años. Esta agencia tendría la función indelegable de definir los valores fiscales de los inmuebles, tarea que hoy se encuentra dispersa entre instituciones.
Para financiar su operación, la Agencia recibiría un 2% de la recaudación total del impuesto a bienes inmuebles.
El proyecto también redistribuye la recaudación:
- 0,50% del valor fiscal de cada propiedad iría al Gobierno Central, para compensar la reducción del IVA.
- 0,25% quedaría en manos de las municipalidades, fortaleciendo su capacidad de cobro y reduciendo la morosidad.
Reducción del IVA sería gradual
El recorte al IVA no se aplicaría de inmediato. Ruiz propone una implementación en tres etapas:
- Primer año: solo bajaría al 10% en medicamentos, canasta básica y transporte escolar.
- Segundo año: la reducción se ampliaría si el Catastro Nacional alcanza coberturas mínimas.
- Tercer año: la rebaja se aplicaría a todos los bienes y servicios, incluso si el catastro aún no llega al 100% de cobertura.
Hacienda ve con buenos ojos parte de la propuesta
El viceministro Molina coincidió con la diputada en que el sistema actual presenta alta morosidad y evasión en el pago del impuesto inmobiliario.
“Usted fue alcalde, don Fernando (Mendoza), y sabe la morosidad que existe en las municipalidades. Qué bonito sería que la Administración Tributaria central ayudara a cobrar ese 0,25% y, además, el 0,50% adicional para el Gobierno Central”, dijo Molina durante la sesión legislativa.
El funcionario dejó entrever que el proyecto podría ser una de las últimas discusiones relevantes en materia fiscal dentro de la comisión, si los cálculos demuestran que la medida es sostenible.
¿Qué implicaría para el ciudadano?
De aprobarse, los costarricenses podrían ver una rebaja en el IVA general, que impacta directamente el precio de bienes y servicios, pero también un aumento en el impuesto a las propiedades, especialmente en zonas urbanas o de alto valor fiscal.
Mientras algunos sectores aplauden la posibilidad de aliviar el costo de vida, otros temen que el incremento al impuesto inmobiliario afecte la clase media propietaria.
Por ahora, la propuesta sigue en análisis, pero el simple hecho de que Hacienda ya “haga los números” demuestra que el debate fiscal del 2025 podría girar hacia un nuevo modelo tributario, con menos carga al consumo y más peso sobre la riqueza acumulada.
