La OMS impulsa estrategia global para encarecer productos nocivos y proteger la salud pública
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un llamado firme a los gobiernos del mundo: llegó la hora de tomar medidas más drásticas contra el consumo de productos que afectan directamente la salud de millones de personas. Entre sus propuestas más contundentes está el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas, el alcohol y el tabaco, con la intención de reducir su consumo y evitar enfermedades crónicas relacionadas.
La meta es ambiciosa. De aquí al 2035, la OMS estima que esta política fiscal podría recaudar cerca de un billón de dólares a nivel global, fondos que podrían reinvertirse en sistemas de salud pública, programas preventivos y atención médica de calidad.
“Los impuestos sanitarios son una de las herramientas más eficaces de que disponemos. Es hora de actuar”, aseguró Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS, quien considera que los países tienen en sus manos una oportunidad histórica para disminuir la carga de enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, todos vinculados con el consumo excesivo de estos productos.
Un problema que Costa Rica conoce bien
En nuestro país, la situación no es ajena. Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) muestran un crecimiento sostenido en los casos de obesidad infantil, diabetes y enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida. El consumo habitual de bebidas con alto contenido de azúcar, junto con el sedentarismo, es parte de un patrón preocupante que ya representa una carga millonaria para el sistema de salud pública.
En cuanto al tabaco y el alcohol, si bien Costa Rica ha dado pasos importantes con leyes antitabaco y campañas contra el consumo excesivo, aún hay desafíos pendientes, sobre todo entre jóvenes y adolescentes, donde el acceso a estos productos sigue siendo relativamente sencillo.
Impuestos con respaldo internacional
Lo que propone la OMS no es una ocurrencia aislada. Cuenta con el respaldo de actores clave como Bloomberg Philanthropies, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos organismos coinciden en que aplicar impuestos saludables —como se les llama— no solo reduce el consumo, sino que puede convertirse en una fuente de financiamiento para políticas públicas centradas en el bienestar colectivo.
Países como México, Sudáfrica y Filipinas ya han implementado este tipo de medidas, con resultados positivos. En algunos casos, el consumo de gaseosas azucaradas disminuyó más del 10% en pocos años, y los ingresos fiscales se destinaron a campañas educativas o mejoras en infraestructura médica.
¿Estamos listos para aplicarlo en Costa Rica?
En el plano nacional, una política como esta no estaría exenta de controversia. Por un lado, podría generar resistencia por parte de la industria alimentaria y de bebidas, así como de sectores políticos que ven con cautela cualquier nuevo impuesto. Por otro lado, existe una necesidad real de frenar las enfermedades no transmisibles que cada año cobran miles de vidas y agotan recursos públicos.
Expertos en salud pública costarricenses han señalado en múltiples ocasiones que la prevención es más barata que el tratamiento, y que medidas como estas pueden ser claves para cambiar hábitos a largo plazo, especialmente si van acompañadas de educación nutricional, campañas de concientización y mejores opciones alimenticias a bajo costo.
¿Un cambio necesario?
Aumentar los precios de productos dañinos no es simplemente una cuestión económica. Es una decisión política y ética. ¿Debe el Estado intervenir cuando los hábitos de consumo afectan no solo a quien consume, sino a toda la sociedad por sus costos en salud?
La propuesta de la OMS deja esa pregunta sobre la mesa. Lo que está claro es que la salud pública global necesita un cambio de rumbo, y para muchos, este puede ser un paso firme hacia un futuro más saludable.
