Michael Soto pidió públicamente al ministro de Hacienda que revierta la decisión y advirtió que esos recursos se utilizan para combustible, viáticos, armas, chalecos, repuestos e insumos científicos.
Horas después de celebrar uno de los operativos policiales más importantes de los últimos años, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, recibió una noticia completamente opuesta: la institución dejaría de recibir ₡5.731 millones que esperaba utilizar durante lo que resta de 2026.
Soto reveló este viernes que fue notificado de la situación mientras todavía participaba en las labores relacionadas con la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, en Sarapiquí.
El jerarca aclaró que este monto es adicional a los ₡3.053 millones cuya afectación presupuestaria el Poder Judicial había denunciado días atrás.
“Me dijeron que no nos lo iban a dar”
Durante una conferencia de prensa, Soto relató que recibió la comunicación poco después de celebrar junto con los agentes que participaron en el operativo.
Según explicó, los ₡5.731 millones corresponden a recursos derivados de la denominada norma 10 del artículo 7 del Presupuesto Nacional, mecanismo relacionado con los fondos provenientes de plazas vacantes que no fueron utilizadas durante el primer semestre.
En años anteriores, ese tipo de recursos ha sido incorporado mediante modificaciones presupuestarias y destinado a diferentes instituciones. Documentación oficial de Hacienda muestra que la norma 10 ha permitido trasladar recursos generados por plazas vacantes y sus cargas asociadas.
Soto aseguró que tradicionalmente el OIJ recibe parte de esos fondos hacia finales de año.
¿Para qué usa el OIJ ese dinero?
El director explicó que los recursos no constituyen un fondo marginal para la institución.
Según Soto, se utilizan para cubrir necesidades operativas como:
combustibles, viáticos, mantenimiento y repuestos de vehículos, chalecos antibalas, armas, cascos, insumos científicos e infraestructura.
Precisamente, el Ministerio de Hacienda ha documentado en ejercicios anteriores que los recursos derivados de esta norma pueden alcanzar montos significativos. En 2024, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad Pública se le asignaron más de ₡12.353 millones mediante este mecanismo.
Soto pide ayuda directamente a Hacienda
Ante la noticia, Soto lanzó un llamado público al ministro de Hacienda.
El jerarca pidió que se permita al OIJ recibir los recursos de la norma 10 debido a la necesidad de mantener la capacidad operativa de la Policía Judicial.
La petición ocurre justamente después de una operación en la que unidades especiales del OIJ enfrentaron durante aproximadamente una hora a integrantes de la estructura vinculada con alias “Diablo”.
El operativo dejó varios agentes heridos y requirió la participación de unidades tácticas, equipos de investigación y personal especializado.
Se suma a otra afectación de ₡3.053 millones
La discusión presupuestaria ya venía escalando antes de la captura de Arias Monge.
Autoridades judiciales habían advertido previamente sobre una afectación cercana a ₡3.053 millones durante el segundo semestre de 2026.
Soto ha señalado que estos ajustes pueden repercutir en gastos directamente relacionados con investigaciones, desplazamientos, combustible y mantenimiento de equipos.
Con la nueva cifra de ₡5.731 millones mencionada este viernes, el OIJ sostiene que enfrenta una segunda afectación distinta a la ya denunciada.
No obstante, todavía es necesario conocer la explicación formal del Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de la norma 10 para 2026 y si esos recursos fueron eliminados definitivamente o simplemente no serán incorporados al presupuesto del OIJ.
OIJ apunta a mantener operaciones de alto impacto
Soto recordó que durante 2025 la Policía Judicial realizó 44 operaciones de alto impacto y que para este año la institución se propuso, como mínimo, alcanzar nuevamente esa cantidad.
Entre las operaciones recientes mencionó investigaciones como Riverside y Dalila, además del despliegue que permitió detener este viernes a alias “Diablo”.
El jerarca sostiene que este tipo de intervenciones han contribuido a contener la violencia homicida y aseguró que las proyecciones actuales apuntan a cerrar 2026 con menos de 800 homicidios.
La nueva controversia presupuestaria surge así el mismo día en que el OIJ concretó una de sus capturas más relevantes, reavivando el debate sobre los recursos disponibles para enfrentar al crimen organizado.
INFORMACION DECLARACION DEL DIRECTOR DEL OIJ A MEDIOS
