El exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con el objetivo de impugnar la decisión que puso fin a su relación laboral con la institución.
La acción judicial busca que se anulen los actos administrativos mediante los cuales fue eliminada la plaza que ocupaba mientras ejercía como legislador durante el periodo 2022-2026.
Cuestiona la reorganización aplicada por el AyA
Antes de asumir su curul en la Asamblea Legislativa, Izquierdo ocupaba el cargo de director de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA.
En la demanda, el exlegislador sostiene que, aunque la institución eliminó formalmente su puesto como parte de una reorganización administrativa, las funciones que desempeñaba continuaron existiendo dentro de una nueva estructura organizativa.
Asimismo, argumenta que el AyA no explicó por qué era necesario suprimir específicamente esa plaza ni acreditó haber analizado otras alternativas, como una eventual reubicación.
Alega violación al debido proceso
Entre los principales argumentos expuestos en la demanda, Izquierdo afirma que no se respetó su derecho al debido proceso antes de ejecutarse la decisión administrativa.
Según sostiene, tampoco se le brindó la oportunidad de exponer la relevancia de las funciones asociadas a su cargo antes de que se concretara la eliminación del puesto.
Había denunciado una presunta persecución política
En febrero de este año, cuando aún era diputado, Izquierdo cuestionó públicamente la decisión del AyA y aseguró que respondía a una persecución política.
En ese momento manifestó:
“Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto desde que tengo memoria. Este gobierno, corrupto, ha decidido perseguirme hasta despedirme el día de hoy sin argumentos”.
Además, afirmó que la decisión se habría tomado pese a que, según él, la Dirección Jurídica del AyA había emitido un criterio contrario.
“A pesar de que la Dirección Jurídica del AyA les dijo que no lo podían hacer, lo hizo. No había un solo criterio técnico y fue en contra del criterio jurídico”, declaró entonces.
Busca anular la decisión
Con la demanda presentada, el exlegislador solicita que el Tribunal Contencioso Administrativo declare la nulidad de los actos administrativos que dieron origen a la eliminación de su plaza, restituya los derechos que considera vulnerados y determine si existe una eventual responsabilidad patrimonial por parte del AyA.
Ahora corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo analizar la legalidad del proceso de reorganización implementado por la institución y establecer si la supresión del puesto estuvo debidamente fundamentada conforme al ordenamiento jurídico costarricense.
Créditos de información: Acontecer.co.cr
