El Poder Judicial aseguró que la reducción acumulada de ₡16.273 millones en su presupuesto para el 2026 tendrá un impacto directo en áreas clave como la investigación de delitos, la realización de juicios, la atención de víctimas y el funcionamiento general de los servicios judiciales.
Según informó la institución, el ajuste incluye un recorte adicional de ₡3.053 millones comunicado por el Ministerio de Hacienda el pasado 13 de julio, monto que se suma a los ₡13.220 millones que la Corte Plena había acordado ceder semanas atrás como parte de los esfuerzos de contención del gasto público.
Corte advierte limitaciones para combatir la delincuencia
Durante la sesión de Corte Plena celebrada este 20 de julio, las autoridades judiciales expusieron las consecuencias operativas que, según indicaron, traerá esta reducción presupuestaria.
Entre las principales afectaciones señaladas destacan restricciones para realizar allanamientos, inspecciones judiciales y levantamiento de indicios, lo que podría retrasar investigaciones penales y la respuesta ante hechos delictivos.
Asimismo, advirtieron que habrá menos recursos para cubrir viáticos, hospedajes y desplazamientos del personal encargado de investigaciones en comunidades alejadas.
Menos recursos tecnológicos y de infraestructura
El Poder Judicial también explicó que el recorte afectará la renovación y mantenimiento de equipos esenciales para el trabajo diario.
Entre las limitaciones mencionadas se encuentran:
- Reparación y sustitución de vehículos institucionales.
- Compra de materiales para el manejo de evidencia.
- Adquisición de equipo de protección para funcionarios.
- Compra de licencias de software y plataformas especializadas.
- Renovación de servidores y herramientas para el análisis de evidencia digital.
Según la institución, estas restricciones podrían reducir la capacidad para investigar delitos complejos y fortalecer la persecución penal.
Riesgo para juicios y atención a víctimas
Otro de los efectos expuestos por la Corte Plena es la posible reprogramación o suspensión de audiencias y juicios debido a limitaciones presupuestarias.
También se podrían presentar dificultades para contratar servicios especializados como peritajes, traducciones y apoyo técnico necesario en distintos procesos judiciales.
En materia de atención a víctimas y testigos, el Poder Judicial indicó que podrían verse comprometidos programas de protección, traslados seguros, reubicaciones y ayudas dirigidas a poblaciones vulnerables, incluyendo personas de territorios indígenas y comunidades de difícil acceso.
Corte analizará posibles acciones
Tras conocer el alcance del ajuste, la Corte Plena, presidida por Orlando Aguirre Gómez, acordó trasladar el tema a la Presidencia del Poder Judicial para que, junto con las instancias técnicas y jurídicas correspondientes, analice las medidas que podrían adoptarse frente a la reducción presupuestaria.
Poder Judicial defiende su gestión
Durante la sesión, las autoridades también destacaron que la institución ha mantenido una ejecución presupuestaria cercana al 100% en los últimos años, con niveles que oscilan entre el 95% y el 97%.
Además, señalaron que entre 2021 y 2025 se registró un incremento del 27% en la cantidad de expedientes resueltos y que actualmente el 85% de los procesos judiciales concluyen en un plazo inferior a cinco años.
Pese a esos indicadores, el Poder Judicial sostiene que la reducción de ₡16.273 millones representa un impacto significativo sobre su capacidad para garantizar la continuidad de los servicios y atender la creciente demanda de justicia en el país.
