La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció la destitución de siete directores policiales de confianza luego de que no superaran pruebas de polígrafo aplicadas como parte de un proceso de evaluación interna impulsado por el Gobierno.
La medida forma parte de una estrategia orientada a reforzar los controles dentro de los cuerpos de seguridad y detectar posibles riesgos asociados con corrupción o infiltración del crimen organizado.
Evaluaron a 33 funcionarios
Según informó la mandataria, las pruebas fueron aplicadas a un total de 33 funcionarios bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Las evaluaciones contaron con el apoyo de una empresa especializada y certificada internacionalmente, e incluyeron preguntas relacionadas con posibles vínculos con estructuras criminales, narcotráfico y recepción de beneficios ilícitos.
Investigaciones fueron ordenadas
Fernández indicó que los siete funcionarios que no aprobaron las pruebas fueron removidos de manera inmediata de sus puestos de confianza.
Además, ordenó la apertura de investigaciones preliminares para analizar cada uno de los casos y determinar si existen elementos adicionales que requieran acciones administrativas o legales.
Gobierno defiende controles de confianza
La presidenta aseguró que los principales jerarcas involucrados en materia de seguridad, incluidos ministros y directores de organismos especializados, sí aprobaron las evaluaciones realizadas.
Durante el anuncio, reiteró que su administración mantendrá una política de tolerancia cero frente a cualquier indicio de corrupción dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional.
También informó sobre operativo contra sospechoso vinculado a Hamás
En la misma comparecencia, Fernández confirmó la detención de un hombre señalado por las autoridades como presunto vinculado con Hamás, organización catalogada como grupo terrorista por diversos países.
La operación fue ejecutada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Según explicó la mandataria, el sujeto permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras se coordina su proceso migratorio y eventual deportación junto con la Dirección General de Migración y Extranjería.
Refuerzo a la estrategia de seguridad
Las decisiones anunciadas se producen en medio de la ofensiva del Gobierno contra el crimen organizado y forman parte de una serie de acciones dirigidas a fortalecer los mecanismos de control interno en las fuerzas policiales.
La administración Fernández ha sostenido que la depuración institucional y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad son elementos fundamentales dentro de su estrategia para enfrentar la delincuencia y recuperar la confianza ciudadana.
