La presidenta Laura Fernández llegó este lunes a la Asamblea Legislativa con una de las propuestas más simbólicas de su paquete de seguridad: la denominada Ley Gerson Rosales, una iniciativa que pretende brindar mayor respaldo legal a los oficiales de policía que utilicen sus armas de reglamento durante intervenciones contra la delincuencia.
El proyecto lleva el nombre del oficial de la Fuerza Pública que perdió la vida mientras cumplía con su deber, convirtiéndose en un homenaje a quienes enfrentan diariamente situaciones de alto riesgo en defensa de la ciudadanía.
Según el Poder Ejecutivo, la propuesta busca corregir una situación que durante años ha generado preocupación dentro de los cuerpos policiales: la posibilidad de enfrentar largos procesos judiciales tras actuar en cumplimiento de sus funciones.
Presunción de legítima defensa para los oficiales
La principal modificación planteada por la iniciativa consiste en establecer que el uso del arma por parte de un oficial se presuma realizado bajo legítima defensa cuando ocurra durante el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el Gobierno, esta medida permitiría brindar mayor seguridad jurídica a los policías que deben tomar decisiones en cuestión de segundos frente a amenazas armadas o situaciones de peligro.
La administración Fernández sostiene que muchos oficiales enfrentan actualmente incertidumbre legal después de intervenir contra delincuentes, aun cuando sus acciones se produzcan en el marco de operativos policiales.
Gobierno asegura que policías enfrentan procesos costosos
Durante la presentación del proyecto, la presidenta señaló que numerosos funcionarios deben asumir gastos legales de su propio bolsillo cuando son investigados por actuaciones relacionadas con el cumplimiento de su trabajo.
Según indicó, esta situación provoca preocupación dentro de la Fuerza Pública y puede afectar el desempeño de quienes diariamente enfrentan organizaciones criminales cada vez más violentas.
La mandataria defendió la necesidad de brindar herramientas que permitan a los oficiales actuar con mayor confianza en escenarios de alto riesgo.
Iniciativa surge en medio de la crisis de seguridad
La propuesta aparece en un contexto marcado por el aumento de la violencia criminal, los homicidios y las operaciones de grupos vinculados al narcotráfico.
Durante los últimos años, los cuerpos policiales han insistido en la necesidad de contar con mayores recursos, mejores condiciones laborales y respaldo institucional para enfrentar el crecimiento de las estructuras delictivas.
El Gobierno considera que esta reforma forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
Debate llegará al Congreso
Aunque el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para proteger a los policías que actúan correctamente, el proyecto deberá enfrentar ahora la discusión legislativa.
Los diputados analizarán los alcances de la propuesta y sus posibles implicaciones dentro del sistema judicial y penal costarricense.
La llamada Ley Gerson Rosales se suma así al paquete de reformas de seguridad impulsado por la administración Fernández, que busca endurecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y fortalecer el trabajo de las fuerzas policiales en todo el país.
