El Gobierno presentó una de las propuestas más llamativas de su paquete de seguridad: un proyecto de ley que busca que las personas privadas de libertad participen obligatoriamente en actividades productivas mientras cumplen sus condenas.
La iniciativa, anunciada por la presidenta Laura Fernández ante la Asamblea Legislativa, plantea un cambio en el modelo penitenciario actual, con el objetivo de que los reclusos aporten económicamente a los costos que generan al Estado y contribuyan a la reparación de los daños ocasionados por los delitos cometidos.
Según la propuesta, el acceso a beneficios penitenciarios estaría ligado a la participación activa en programas de trabajo dentro del sistema carcelario.
El Gobierno busca reducir el ocio en las cárceles
La administración Fernández sostiene que el trabajo constituye una herramienta fundamental para la rehabilitación y la reinserción social.
Por esa razón, el proyecto pretende que los privados de libertad desarrollen actividades productivas durante su permanencia en prisión, alejándose de esquemas donde el tiempo de condena transcurre sin una participación laboral constante.
La presidenta aseguró que el país enfrenta una creciente preocupación por los costos del sistema penitenciario y por los niveles de reincidencia delictiva, por lo que considera necesario impulsar mecanismos que fomenten la responsabilidad y la preparación para el regreso a la sociedad.
¿Cómo se repartiría el dinero generado?
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la distribución de los recursos obtenidos por el trabajo realizado por los privados de libertad.
El proyecto establece que un 35% de los ingresos se destinaría a cubrir gastos relacionados con la manutención dentro del sistema penitenciario, incluyendo alimentación y otros costos operativos asociados a la permanencia en prisión.
Otro 35% sería dirigido a las víctimas o a sus familiares como una forma de compensación económica por los daños causados.
También contempla apoyo para las familias
La iniciativa reconoce que el encarcelamiento de una persona puede afectar económicamente a quienes dependían de ella.
Por esa razón, un 20% de los recursos generados sería destinado a apoyar a familiares directos de los privados de libertad, incluyendo hijos, cónyuges, padres u otras personas que dependan económicamente de ellos.
El objetivo es reducir el impacto social que muchas veces enfrentan las familias cuando uno de sus integrantes ingresa al sistema penitenciario.
Creación de un fondo para la reinserción
La propuesta también contempla un componente orientado al futuro de los reclusos una vez concluida la condena.
El 10% restante sería depositado en una cuenta de ahorro personal que podría ser utilizada al recuperar la libertad.
Según el Gobierno, este fondo serviría como una herramienta para facilitar la reinserción social y brindar recursos iniciales para enfrentar la etapa posterior al cumplimiento de la pena.
Debate llegará a la Asamblea Legislativa
La propuesta forma parte del paquete de reformas de seguridad presentado por el Poder Ejecutivo y ahora deberá iniciar su trámite legislativo.
Los diputados serán los encargados de analizar el alcance de la iniciativa, escuchar criterios técnicos y determinar si el modelo planteado se convierte o no en ley de la República.
De aprobarse, Costa Rica daría un paso hacia un esquema penitenciario donde el trabajo se convierta en un requisito clave para acceder a beneficios carcelarios y donde parte de los ingresos generados por los reclusos contribuya a cubrir costos del sistema, apoyar a las víctimas y fortalecer los procesos de reinserción social.
