San José — Costa Rica registró 178 homicidios de menores de edad entre 2021 y 2026, la gran mayoría de ellos jóvenes de entre 12 y 17 años víctimas de ajustes de cuentas vinculados al crimen organizado. La cifra, divulgada este martes por el Ministerio de Seguridad Pública, equivale a más de un menor asesinado cada diez días durante cinco años consecutivos.
En lo que va de 2026, el OIJ ya contabiliza 14 menores asesinados, un ritmo que proyecta superar el promedio del período si la tendencia no cede.
El patrón que se repite
Los ajustes de cuentas son la causa dominante en estos crímenes. El perfil recurrente es el de un adolescente que fue reclutado por una estructura criminal, acumula una deuda o genera un conflicto con otro grupo, y termina siendo el objetivo de una ejecución en la que él mismo también pudo haber participado como agresor en el pasado.
Karen Jiménez Morales, especialista en Ciencias Policiales de la UNED, pone el problema en un marco más amplio: «Esto refleja mucho la vulnerabilidad de las sociedades que tenemos en Costa Rica.» El fenómeno no es solo de seguridad: es también de desigualdad, abandono institucional y ausencia del Estado en las comunidades donde el crimen organizado llena ese vacío reclutando a los más jóvenes.
El llamado del nuevo ministro a los jueces
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, utilizó las cifras para enviar un mensaje directo al Poder Judicial. Las autoridades hicieron un llamado explícito a los jueces de la República para aplicar mano dura contra la delincuencia y frenar el reclutamiento de menores en bandas criminales.
El planteamiento apunta a uno de los nudos más complejos del problema: los jóvenes que ingresan al crimen organizado frecuentemente lo hacen siendo menores de edad, se les aplica la Ley Penal Juvenil con penas máximas de 15 años, y salen del sistema antes de los 30 años, muchas veces integrados de lleno al crimen adulto.
La desarticulación de estructuras como respuesta
Campos señaló que el gobierno de Fernández enfrentará la ola de violencia con una estrategia centrada en desarticular las estructuras criminales identificadas, en lugar de limitarse a responder caso por caso. La propuesta reconoce que el problema de los menores en el crimen no se resuelve solo con capturas, sino atacando a las organizaciones que los reclutan.
