La promesa sonaba atractiva: invertir en una casa modular o adquirir equipo hotelero a buen precio para emprender o ampliar un negocio. Sin embargo, detrás de esa oferta, según las autoridades, operaba un esquema que habría dejado pérdidas por más de $223.000 a al menos 18 personas en distintas zonas del país.
La madrugada de este jueves, la Organismo de Investigación Judicial ejecutó dos allanamientos en Belén de Heredia, como parte de una investigación liderada por su Sección Especializada contra Estafas Informáticas. En los operativos fueron detenidos un hombre y una mujer de apellido Solano, de 47 y 42 años, respectivamente, quienes ahora figuran como sospechosos de estafa y legitimación de capitales.
Una operación que se extendió por cuatro provincias
De acuerdo con la información preliminar, los hechos bajo investigación se habrían registrado entre enero de 2023 y mayo de 2025. Las denuncias provienen de víctimas en San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste, lo que revela un alcance territorial amplio y una estrategia bien estructurada.
La modalidad, según el OIJ, consistía en crear empresas que inicialmente operaban en San José y Heredia, y que luego ampliaron su presencia hacia otras provincias. Mediante redes sociales, ofrecían casas modulares y equipo hotelero, productos de alto valor que suelen atraer a personas interesadas en proyectos turísticos o habitacionales.
Contratos, primas y luego silencio
El mecanismo, siempre según la investigación, seguía un patrón similar en cada caso. Las personas interesadas realizaban transferencias bancarias a cuentas vinculadas con la empresa. A cambio, recibían contratos de pago que daban apariencia de formalidad al negocio.
En muchos casos, los clientes entregaban una prima inicial y, posteriormente, hacían depósitos adicionales cuando así se les solicitaba. No obstante, tras concretarse los pagos, la empresa comenzaba a distanciarse de los compradores hasta perder comunicación por completo.
El resultado: los bienes nunca eran entregados.
Cambios de nombre para evadir rastros
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es que, tras concretar varias transacciones, los sospechosos presuntamente modificaban el nombre de la empresa e incluso el del local comercial. Esta práctica habría dificultado el seguimiento y generado confusión entre las víctimas.
El perjuicio económico estimado asciende a ¢62 millones y $92.000, para un total aproximado de $223.000. Se trata de un golpe significativo, especialmente en sectores como el hotelero y de vivienda modular, donde muchas personas invierten ahorros o créditos con la expectativa de desarrollar proyectos productivos.
Bienes decomisados y proceso en curso
Durante los allanamientos en Belén, los agentes judiciales decomisaron vehículos de lujo, cuadraciclos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Estos elementos serán analizados como parte de la investigación en curso.
Tras su detención, ambos sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de verificar la trayectoria de las empresas, revisar antecedentes comerciales y desconfiar de ofertas que, aunque atractivas, no cuenten con respaldo comprobable. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si existen más afectados o nuevas ramificaciones del presunto esquema.
