La discusión sobre la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vuelve a colocarse en el centro del debate político, esta vez impulsada por la presidenta electa para el periodo 2026-2030, Laura Fernández, quien plantea una ruta de pago con controles estrictos para evitar desajustes en las finanzas públicas.
Más allá del compromiso de honrar las obligaciones con la institución, Fernández ha sido enfática en que cualquier acuerdo debe construirse con respaldo técnico y absoluta certeza presupuestaria. En su criterio, no se puede repetir escenarios del pasado donde decisiones financieras apresuradas terminaron generando presiones fiscales que luego impactaron al país entero.
El punto medular de su planteamiento es sencillo pero sensible: pagar sí, pero sin desvestir un santo para vestir otro. Es decir, cumplir con la Caja sin comprometer el pago de salarios, servicios esenciales o sin caer nuevamente en prácticas que ensanchen el déficit fiscal.
En Costa Rica, la deuda del Estado con la CCSS ha sido motivo recurrente de tensión política y financiera. Diferencias en el cálculo del monto, atrasos acumulados y discusiones sobre el destino de los recursos han alimentado la controversia durante años. Para la presidenta electa, antes de hablar de cifras definitivas es indispensable acordar técnicamente cuánto se debe y bajo qué condiciones se pagará.
Por eso, dentro de su propuesta de gobierno, plantea la creación de una mesa técnica conformada por especialistas del Ministerio de Hacienda y de la propia Caja. El objetivo sería doble: depurar los números y diseñar un cronograma de pagos realista, que no comprometa la estabilidad macroeconómica ni el funcionamiento cotidiano del Estado.
Otro de los elementos que introduce en el debate es el uso que se le daría a los recursos transferidos. Fernández sostiene que el dinero debería destinarse prioritariamente a fortalecer la atención médica y reducir listas de espera, en lugar de ampliar el gasto corriente sin el debido sustento financiero. En un contexto donde la sostenibilidad del sistema de salud es clave para el bienestar social, el enfoque apunta a garantizar que cada colón invertido tenga un impacto directo en la calidad del servicio.
La mandataria electa también reconoce el valor del recurso humano de la CCSS, al que califica como uno de los pilares del sistema de salud costarricense. Sin embargo, recuerda que decisiones sobre remuneraciones y políticas internas no dependen del Ejecutivo ni del Congreso, sino de la estructura autónoma de la institución y de su junta directiva. Esa autonomía, consagrada en la Constitución, es precisamente parte del entramado que complica cualquier reforma estructural.
En ese sentido, Fernández abre la puerta a una discusión más profunda sobre el modelo de gobernanza de la Caja. A su juicio, es necesario analizar si los actuales mecanismos de toma de decisiones permiten responder con agilidad y responsabilidad a los retos financieros que enfrenta la institución.
El tema no es menor. La estabilidad fiscal ha sido uno de los principales desafíos del país en la última década, y cualquier movimiento que altere ese equilibrio podría tener repercusiones en la calificación crediticia, la confianza de inversionistas y el costo del financiamiento público.
Así, el debate sobre la deuda con la CCSS trasciende lo meramente contable. Se trata de encontrar un punto de equilibrio entre responsabilidad fiscal y sostenibilidad del sistema de salud, dos pilares que, en el caso costarricense, están profundamente entrelazados.
Con este planteamiento, la presidenta electa pone sobre la mesa una discusión que marcará buena parte de la agenda económica y social del próximo cuatrienio: cómo fortalecer la Caja sin debilitar las finanzas del país.
