La posible extradición del exmagistrado Celso Gamboa a Estados Unidos volvió a encender el debate político e institucional en Costa Rica, luego de fuertes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien señaló directamente al Poder Judicial y a figuras del pasado político por lo que considera una demora injustificada en el proceso.
Desde su óptica, el caso no solo es jurídico, sino profundamente político y simbólico, porque pone a prueba la capacidad del Estado costarricense para enfrentar estructuras ligadas al narcotráfico y al uso indebido del poder.
Acusaciones de atrasos y resistencia institucional
El mandatario aseguró que, durante meses, el proceso de extradición se ha visto entrabado por lo que describió como maniobras dilatorias dentro del Poder Judicial. Según Chaves, se han acumulado excusas técnicas, solicitudes de documentos adicionales y argumentos sobre plazos que, a su juicio, no hacen más que postergar una decisión que debería ser clara.
En ese contexto, el presidente afirmó que existen temores internos sobre lo que podría ocurrir si Gamboa es enviado a Estados Unidos y decide colaborar con las autoridades de ese país. Para Chaves, esa eventual cooperación podría revelar nombres, redes y responsabilidades que incomodan a sectores de poder.
La presión internacional y el factor externo
El presidente también aludió a presiones internacionales que, según él, han terminado por empujar el proceso luego de meses de estancamiento. Sin entrar en detalles específicos, dejó entrever que el escenario regional y hechos recientes fuera del país han aumentado el escrutinio sobre Costa Rica y su respuesta frente al crimen organizado.
En ese sentido, cuestionó que se exijan garantías adicionales sobre la pena que podría enfrentar Gamboa en Estados Unidos, señalando que ese tipo de condiciones no deberían convertirse en un obstáculo permanente para avanzar.
Un señalamiento directo a gobiernos anteriores
Chaves aprovechó el tema para lanzar críticas a administraciones pasadas, a las que responsabilizó de haber permitido el ascenso de Celso Gamboa a posiciones clave del sistema judicial y de seguridad. Según el presidente, esas decisiones políticas facilitaron que una figura hoy vinculada a graves señalamientos llegara a ocupar espacios estratégicos bajo el discurso de la lucha contra el crimen.
Desde su visión, el país enfrenta hoy las consecuencias de esa permisividad y de una falta de controles más estrictos en el pasado.
“Que se sepa toda la verdad”
Más allá de las responsabilidades individuales, el presidente insistió en que lo fundamental es que el país conozca la verdad completa. Afirmó que Gamboa posee información clave sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y actores políticos o institucionales, y que esa información solo saldrá a la luz si el proceso avanza sin más dilaciones.
Chaves recalcó que su interés no es el protagonismo ni el reconocimiento público, sino que se llegue al fondo del asunto y se depuren responsabilidades, caiga quien caiga.
Un episodio que tensiona la relación entre poderes
Las declaraciones del mandatario reavivan la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en un momento particularmente sensible para la institucionalidad costarricense. El desenlace del caso Gamboa no solo marcará un precedente en materia de extradiciones, sino que también podría redefinir el discurso político sobre la lucha contra el narcotráfico y la rendición de cuentas en el país.
Mientras tanto, la atención pública sigue puesta en cuándo se concretará finalmente la extradición y qué implicaciones tendrá para el panorama político y judicial de Costa Rica.
