El proceso electoral rumbo a las elecciones nacionales de 2026 suma un nuevo foco de tensión. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, denunció este lunes la existencia de presuntas presiones y actos de intimidación dirigidos contra personas vinculadas a su campaña, las cuales atribuyó a la actual administración encabezada por el presidente Rodrigo Chaves.
En una conferencia de prensa, Ramos afirmó que ha recibido múltiples testimonios de funcionarios públicos que, pese a no tener ninguna restricción legal, prefieren mantenerse al margen de actividades políticas por temor a consecuencias laborales. Según explicó, el mensaje que reciben es claro: participar en eventos partidarios podría traerles problemas dentro de las instituciones donde trabajan.
El aspirante liberacionista detalló que esas presiones no siempre se manifiestan de forma directa, sino mediante decisiones administrativas que terminan afectando el bolsillo de los trabajadores. Habló, por ejemplo, de la eliminación de guardias o de horas extra que antes se asignaban con normalidad y que ahora dejan de otorgarse, generando un impacto económico que disuade cualquier acercamiento a la campaña.
Ramos fue enfático en señalar que este tipo de prácticas, de confirmarse, representarían una desviación grave del rol que deben cumplir las instituciones del Estado. A su juicio, cuerpos como la Policía o instancias de inteligencia deben estar al servicio de la seguridad ciudadana y del interés público, no convertirse en herramientas para presionar o intimidar a adversarios políticos. “Hay una línea que no se puede cruzar en democracia”, advirtió.
Las declaraciones del candidato del PLN no se dan en aislamiento. En las últimas horas, otros aspirantes presidenciales también han expresado preocupaciones similares. José Aguilar, del Partido Avanza, aseguró que personas interesadas en financiar o colaborar con su campaña habrían recibido advertencias sobre posibles represalias, mientras que Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reconoció que ha evitado hacer públicos algunos nombres de su eventual equipo de gobierno por temor a presiones.
Este ambiente de desconfianza plantea interrogantes sobre el clima político en la antesala de las elecciones y reaviva el debate sobre la neutralidad del aparato estatal durante los procesos electorales, un principio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha defendido históricamente como pilar de la democracia costarricense.
En medio de estas denuncias, Ramos también aprovechó para exponer parte de su propuesta en materia de seguridad ciudadana. Anunció que, de llegar a la Presidencia, impulsaría un plan para incorporar 1.500 nuevos policías por año, con la meta de sumar 6.000 efectivos adicionales en cuatro años. Además, planteó ampliar la capacidad del sistema penitenciario sin recurrir a una megacárcel y fortalecer el combate al narcotráfico mediante una mayor presencia de la Policía de Control de Drogas en zonas estratégicas del país.
Mientras tanto, las acusaciones permanecen en el terreno político y mediático, sin que hasta ahora se conozcan denuncias formales ante las autoridades electorales o judiciales. Sin embargo, el tema ya se instaló en la agenda pública y promete seguir marcando el pulso de una campaña que, desde temprano, muestra signos de alta confrontación.
