Una investigación judicial encendió las alertas este lunes en la provincia de Limón, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieran a un oficial de Tránsito sospechoso de un delito que impacta directamente la credibilidad del servicio público.
La captura se realizó a la 1:59 p. m. en el cantón de Siquirres. El detenido es un funcionario de apellido Moya, de 64 años, quien figura como sospechoso del delito de cohecho propio, según confirmaron fuentes judiciales.
De acuerdo con la información oficial, el caso se remonta al 20 de diciembre del 2025, cuando una mujer presentó una denuncia en la que señaló que el oficial, presuntamente, le habría solicitado una transferencia de dinero a cambio de no imponerle multas de tránsito. A partir de ese señalamiento, los investigadores iniciaron una serie de diligencias para corroborar los hechos y recabar evidencia.
Las autoridades explicaron que este tipo de conductas se investigan con especial rigor debido al daño que provocan en la confianza ciudadana y al uso indebido de la autoridad conferida a los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley vial. En Costa Rica, el cohecho propio se configura cuando un servidor público solicita o recibe beneficios económicos para omitir actos propios de su cargo.
Tras la detención, el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá valorar las pruebas reunidas y definir cuáles medidas cautelares solicitará mientras avanza el proceso judicial.
El OIJ reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de cobro ilegal o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, recordando que este tipo de reportes son clave para detectar y frenar prácticas que afectan la transparencia institucional y la seguridad jurídica en el país.
