El posible apagón de señales de televisión y radio en Costa Rica, que había generado alarma entre medios como Canal 7 y diversas radiodifusoras, quedó desactivado este martes con la firma del Decreto Ejecutivo N.° 45195-MICITT. La medida, avalada por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra Paula Bogantes, asegura que las frecuencias seguirán activas al menos hasta después de las elecciones del 2026.
¿Qué establece el decreto?
El texto oficial, publicado en La Gaceta, extiende la vigencia de las concesiones hasta el día hábil siguiente a la declaratoria de resultados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). De esta manera, se dejó sin efecto la advertencia de suspender las transmisiones a partir del próximo 28 de septiembre, fecha en que vencía la prórroga anterior de 15 meses.
El Gobierno argumenta que la decisión busca garantizar el derecho de los costarricenses a recibir información confiable durante el proceso electoral. Al mismo tiempo, mantiene abierto el concurso público para otorgar nuevas concesiones, actualmente en trámite ante la Sutel, aunque estas solo entrarían en vigencia en mayo de 2026.
Choque con el Tribunal Supremo de Elecciones
La prórroga se da tras meses de roces entre el Ejecutivo, los medios de comunicación y el TSE. En abril pasado, Chaves condicionó la continuidad de las concesiones a la aprobación de un proyecto de ley que imponía un nuevo impuesto: 7,73% sobre los ingresos brutos para televisoras y 3,13% para radiodifusoras.
El TSE reaccionó al día siguiente y ordenó al Micitt abstenerse de alterar la distribución o modelo de uso de frecuencias durante el proceso electoral. Según el Tribunal, cualquier modificación ponía en riesgo el derecho ciudadano a acceder a información política y electoral, pilar del voto informado.
Un conflicto con historia
El enfrentamiento entre el presidente Chaves y la prensa no es nuevo. Desde su campaña en 2022, el mandatario ha mantenido un discurso crítico contra varios medios, en particular Canal 7, al que incluso señaló en abril pasado diciendo que “la fiesta se les acabó”.
Ese lenguaje, sumado a las amenazas de apagón y a la presión por un canon más alto, han tensado la relación entre el Ejecutivo y la prensa. Ahora, con el decreto, el Gobierno frena momentáneamente las suspensiones, pero la discusión de fondo sobre cuánto deben pagar los concesionarios por el uso de frecuencias estatales sigue abierta.
Lo que viene
Aunque la medida da un respiro a televisoras y radios, la incertidumbre persiste. Las concesiones tienen carácter temporal y dependen de decisiones políticas y regulatorias que estarán sobre la mesa una vez que pase el proceso electoral.
En otras palabras, el apagón no se apagó del todo: solo quedó en pausa, a la espera de cómo evolucione la relación entre el Gobierno, los medios y las autoridades electorales en los próximos meses.
