Una comisión legislativa evaluaría gastos administrativos, controles internos y ejecución del financiamiento estatal.
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público todavía no ha abierto una investigación contra las universidades estatales. Lo que existe es una moción presentada por diputados de Pueblo Soberano, la cual deberá ser conocida en una próxima sesión legislativa.
La propuesta plantea examinar, durante un plazo máximo de dos años, la forma en que las cinco universidades públicas administran los recursos estatales, especialmente aquellos correspondientes al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).
El alcance solicitado incluye revisar cómo se ejecutan los presupuestos, cuáles mecanismos internos autorizan los desembolsos y si las decisiones financieras cumplen criterios de transparencia, austeridad, eficiencia y rendición de cuentas.
Investigación sobre el uso del FEES abarcaría gastos administrativos
La moción dirige parte de la revisión hacia rubros relacionados con alimentación, representación institucional, actos protocolarios, viáticos, viajes, capacitaciones y programas de cooperación internacional.
También pretende diferenciar cuánto dinero utiliza cada universidad en funciones administrativas y cuánto destina a sus actividades sustantivas, como docencia, investigación y acción social.
Los impulsores solicitan valorar si esas erogaciones resultan necesarias, proporcionales y vinculadas con una finalidad pública. Además, buscan revisar si la normativa interna utilizada para autorizar los gastos ofrece controles suficientes.
La iniciativa surgió después de publicaciones periodísticas sobre desembolsos realizados por autoridades universitarias en restaurantes, alimentación, protocolo y actividades de representación. La presentación de la moción no constituye, por sí misma, una comprobación de irregularidades.
Rectores y autoridades financieras serían convocados
En caso de aprobarse, la comisión llamaría a audiencia a las personas rectoras de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.
La lista propuesta incluye además a la presidencia del Consejo Nacional de Rectores, las auditorías internas y las direcciones financieras de cada institución.
La contralora general de la República, Marta Acosta, también sería convocada para aportar información relacionada con la fiscalización de los recursos públicos destinados a la educación superior.
El presidente de la comisión legislativa, Gonzalo Ramírez, sostuvo que el propósito es determinar si el dinero aportado por los contribuyentes se utiliza correctamente y fortalecer la vigilancia sobre el financiamiento universitario.
La moción aún debe superar una votación
La propuesta no abre automáticamente el proceso ni obliga todavía a comparecer a los rectores. Primero deberá incluirse en la agenda de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y recibir el respaldo necesario para iniciar formalmente las diligencias.
Los legisladores proponentes aseguran que la revisión busca reforzar la transparencia sin intervenir en la autonomía de las universidades públicas. Esa posición forma parte de la justificación de la moción y deberá ser valorada durante su discusión.
