En un tenso intercambio ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), defendió su gestión frente a cuestionamientos de la diputada oficialista Pilar Cisneros sobre el polémico viaje en avión privado que marcó su gobierno en 2013.
La legisladora preguntó si Mauricio Boraschi, actual fiscal general adjunto y exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), debería ocupar el cargo luego de haber renunciado en su administración por asumir la responsabilidad del llamado “avionetazo”. Este caso involucró un viaje a Venezuela y Perú en una aeronave ligada a un empresario colombiano, cuyo nombre apareció en la computadora de un narcotraficante.
Chinchilla admitió que fue “un fallo grande de criterio”, incluso de su parte, pero insistió en que no hubo intención dolosa. Explicó que tres funcionarios cercanos renunciaron por no cumplir con la verificación del origen del avión.
La contraofensiva de Chinchilla
Lejos de limitarse a responder, la exmandataria devolvió la crítica señalando errores recientes del actual gobierno:
“Por las mismas razones por las que se les fueron a ustedes los antecedentes del viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, o del presidente ejecutivo del Inder… o el peligro que corría Roberto Samcam, asesinado en su casa con siete balazos”, dijo.
Chinchilla incluso cuestionó la eficacia actual de la DIS, sugiriendo que o se cierra o se somete a un control parlamentario más estricto.
Sobre el papel de Boraschi hoy
Ante la insistencia de Cisneros sobre si Boraschi debería seguir como fiscal adjunto, Chinchilla afirmó:
“No cometió dolo, fue un error. Espero que haya aprendido de él. Si el fiscal lo nombró, sus razones tendrá”.
La exmandataria aclaró que no ha tenido contacto con Boraschi desde que dejó su gobierno.
Casos que mencionó la expresidenta
Las referencias de Chinchilla apuntaron a dos polémicas recientes:
- Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad, investigado por presunta procuración de impunidad tras firmar, en 2022, un sobreseimiento a favor de seis sospechosos de traficar 2,5 toneladas de cocaína.
- Juan Ignacio Rodríguez Araya, expresidente ejecutivo del Inder, quien renunció en febrero tras conocerse sus comunicaciones con un presunto cabecilla del Caso Azteca.
Ambos casos han generado debate sobre los filtros y controles en los nombramientos de altos cargos en la actual administración.
