El avance de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la forma en que las personas buscan información y resuelven dudas. Plataformas como ChatGPT están disponibles desde teléfonos, computadoras o tabletas, a través de aplicaciones, sitios web e incluso redes sociales.
Sin embargo, el rápido crecimiento de esta tecnología ha abierto nuevos debates éticos, sociales y legales, en especial sobre la privacidad y el uso de las conversaciones generadas por IA como evidencia en procesos judiciales.
La advertencia de Sam Altman
El 23 de julio, durante una entrevista en el pódcast This Past Weekend w/ Theo Von, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, advirtió que las conversaciones con ChatGPT no cuentan con protección legal de confidencialidad.
A diferencia de las interacciones con médicos, abogados o psicólogos, lo que se diga a un chatbot puede ser solicitado como prueba si existe una orden judicial.
“La gente habla de sus problemas más personales con ChatGPT… Pero ahora mismo no existe un privilegio legal que proteja esa información. Y eso podría ser un desastre”, señaló Altman.
El ejecutivo considera urgente establecer un marco legal que garantice un nivel de privacidad similar al de las comunicaciones protegidas por leyes de confidencialidad profesional.
Vacío normativo y riesgo de exposición
Según Altman, muchos usuarios —especialmente jóvenes— usan ChatGPT como terapeuta virtual o consejero de vida, compartiendo detalles íntimos. Si bien el chatbot puede brindar respuestas útiles, no existe actualmente un blindaje legal que impida que esa información se utilice en tribunales.
Incluso en jurisdicciones con leyes avanzadas en materia digital, este vacío normativo representa un riesgo potencial para la privacidad.
Contexto legal en Costa Rica
En conversación con CR Hoy, el abogado y experto en delitos informáticos Roberto Lemaître Picado explicó que, en Costa Rica, rige el principio de libertad probatoria: cualquier elemento puede ser presentado como prueba si cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Código Procesal Penal.
Esto significa que las conversaciones con ChatGPT podrían usarse como evidencia, siempre que:
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Se obtengan de forma legal
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Sean autorizadas por un juez
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Se soliciten mediante los canales de cooperación internacional, dado que los servidores no se encuentran en territorio nacional
El especialista comparó este escenario con el de WhatsApp, donde las comunicaciones están protegidas por cifrado, pero recalcó que el nivel de seguridad y cifrado en IA depende de la arquitectura del servicio.
Acceso mediante allanamientos
Otra vía para acceder a interacciones con ChatGPT sería a través de un allanamiento judicial. En estos casos, si se decomisan dispositivos electrónicos como teléfonos o computadoras, las conversaciones almacenadas localmente pueden revisarse a fondo con autorización judicial.
Este procedimiento refuerza la idea de que las conversaciones no son totalmente privadas y pueden usarse en contra del usuario en un proceso penal.
Uso responsable de la IA
Lemaître subrayó que la IA no debe considerarse un “oráculo” infalible, sino un algoritmo entrenado con datos previos y condicionado por la información que el usuario le proporciona.
“Si la consulta se formula de forma errónea, la respuesta estará condicionada por esa imprecisión, ya que la máquina no comprende como un humano”, puntualizó.
