Costa Rica enfrenta un serio desafío fiscal y social por el crecimiento acelerado de los asentamientos informales, comúnmente conocidos como precarios. De acuerdo con recientes informes de la Contraloría General de la República (CGR), la pérdida acumulada para el Estado por esta situación supera los ¢24.700 millones entre 2022 y 2024, una cifra equivalente a diez tanques de agua como el inaugurado recientemente en La Uruca.
Asentamientos informales se multiplican en todo el país
La CGR estima que actualmente existen más de 64.000 hogares ubicados en precarios, distribuidos en más de la mitad de los cantones del país. Estos espacios, muchas veces sin regulación ni acceso legal a servicios básicos, se han convertido en focos de consumo no autorizado, atención de emergencias y uso informal de recursos públicos.
Servicios públicos sin pago: una carga creciente para el Estado
Uno de los mayores impactos económicos lo representa el uso ilegal de electricidad, con pérdidas estimadas en ¢18.200 millones. A esto se suma el suministro de agua potable no facturada, que ha costado al país alrededor de ¢4.500 millones.
Otros gastos asociados a estos asentamientos incluyen:
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¢690,3 millones en procesos de titulación de terrenos
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¢162,9 millones por atención de incendios estructurales
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¢91,4 millones en alquileres de emergencia tras desalojos
Más allá de los números: impactos invisibles
El informe de la CGR advierte también sobre los “costos ocultos” que acompañan a esta problemática, entre ellos:
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Afectaciones en salud pública por falta de saneamiento adecuado
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Degradación ambiental en zonas de protección o cuencas
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Pérdida de eficiencia operativa en servicios como recolección de residuos, seguridad y educación
Estas consecuencias no siempre se cuantifican en los presupuestos institucionales, pero deterioran significativamente la calidad de vida y limitan la capacidad de respuesta del Estado.
Un problema estructural sin solución clara
La Contraloría fue enfática: la situación actual compromete la sostenibilidad de los servicios públicos y perpetúa la exclusión social y el desfinanciamiento institucional. El informe concluye que la ausencia de una inversión planificada y oportuna ha generado una respuesta meramente reactiva, sin atender las causas profundas que originan y alimentan los asentamientos informales.
