En El Salvador, más del 36 % sabe del arresto de un inocente, según sondeo
El 76 % apoya la continuidad del régimen, pese a denuncias de arrestos injustos.
Un sondeo reciente del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) ha revelado que más del 36% de los salvadoreños tienen conocimiento sobre arrestos de personas inocentes en sus comunidades desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022. Esta medida, que suspendió derechos constitucionales, ha llevado a más de 81,900 detenciones en el país.
Según la encuesta, el 15% de los encuestados indicó que algún familiar ha sido detenido bajo este régimen. Además, el 46.1% de los participantes confirmó que se han producido arrestos de personas inocentes en su comunidad, mientras que un 17.6% no respondió a esta pregunta. La encuesta, titulada Primera Encuesta Rumbo País 2024: ¿La gente tiene fe?, también señala que el 15% de los encuestados ha tenido un familiar detenido, y el 11.7% mencionó que un amigo ha sido arrestado.
A pesar de estas preocupaciones, el apoyo a la continuidad del régimen de excepción es notable, alcanzando un 76.4%, mientras que solo el 19.7% se opone a su continuación.
En cuanto a la aprobación del presidente Nayib Bukele, el estudio otorgó una calificación de 8.43 en una escala del 0 al 10, un ligero descenso respecto a la calificación de 8.58 que recibió en junio de 2023. En cuanto a la percepción de su imagen internacional, el 54.9% de los encuestados lo considera un líder «democrático», mientras que un 20.1% lo ve como «autoritario» y un 10.5% como un «dictador».
La encuesta también pone de relieve que la situación económica sigue siendo un tema de preocupación para la población, ya que el 52.5% la califica como regular, un 17% la considera mala y un 3.4% la ve como muy mala. A medida que aumentan las denuncias de detenciones arbitrarias y muertes en custodia, se han documentado más de 6,400 quejas por violaciones a los derechos humanos, así como más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de las cuales presentan signos de violencia.
Bukele, quien asumió un segundo mandato el 1 de junio a pesar de que la Constitución lo prohíbe, ha prometido «sanar» la economía del país y erradicar el «cáncer» de las pandillas mediante el régimen de excepción. Sin embargo, la creciente preocupación por los abusos a los derechos humanos y la situación económica sigue pesando en la percepción pública.