Imputados del caso ‘Cochinilla’ solicitan abrir investigación contra Emilia Navas
También a cuatro fiscales de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Tres personas vinculadas al caso ‘Cochinilla’ presentaron una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a la exfiscala general de la República, Emilia Navas y a los fiscales de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de apellidos Calvo Céspedes como fiscal adjunto I y director de la investigación, Guido Howell y González Ugalde.
De acuerdo con un documento publicado por Diario Extra, dirigido a los magistrados de la Corte como denuncia penal y querella de acción pública, los denunciantes aseguran que en la causa 19-000025-1218-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, los funcionarios, aparentemente, incurrieron en varias irregularidades.
La solicitud es para que se investiguen los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de autoridad, falsedad ideológica y prevaricato.
Los imputados aseguran que Navas, Calvo, Howell y González habrían cometido aparentes conductas delictivas al supuestamente omitir, incumplir y usurpar funciones durante el ejercicio de su cargo en la tramitación del expediente citado.
También manifiestan que se habrían insertado datos falsos en las solicitudes realizadas.
Un juez de apellidos León Vásquez es otro de los denunciados, él otorgó varias intervenciones de las comunicaciones.
En el documento, con fecha del 27 de mayo de 2022, se indica que este habría omitido verificar que las solicitudes estuviesen autorizadas y firmadas por la exfiscala Navas, su sustituto como fiscala general a.i., o bien por excusa o inhibitoria de la primera, o por Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los denunciantes presumen que los fiscales habrían utilizado como fuente los expedientes 16-001511-0175-PE, 17-000091-1218-PE y 18-014387-0042-PE, sin que constara la acumulación material de las causas y luego crearon un nuevo documento.
Estos expedientes se relacionan con procesos donde se vinculaba a las constructoras MECO y Hernán Solís, sin que para ese momento mediara la participación del penalista Francisco Campos quien es pareja de Navas.
“Utilizaron la información derivada de dichas causas y crearon este nuevo expediente (19-000025-1218-PE) con el fin de evadir el control e injerencia de la defensa de los investigados en dichas causas penales y poder mantener bajo el anonimato la investigación en curso”, señala la denuncia penal.
Según Extra los denunciantes presumen que esta situación habría generado actuaciones delictivas funcionales que afectan los derechos fundamentales y la violación al debido proceso para la supuesta incorporación de prueba espuria, según lo regula el artículo 181 del Código Procesal Penal.
También citan que en el año 2018 el OIJ inició una investigación contra la empresa constructora Hernán Solís, número único 18-014387-0042-PE, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, sin que tampoco estuviese presente el abogado Campos.
“Es claro y evidente que la apertura de ese expediente fue una maniobra orquestada únicamente para burlar el cerco defensivo que constaba en los expedientes antes indicados y tenía como propósito poder influir y manipular la tramitación de la causa, al punto que se llegó a ocultar información que ya existía dentro del expediente, para presentar al juez penal únicamente lo que resultaba de interés al Ministerio Público”, reza otra parte del documento.
“El ánimo era tramitar de forma oculta para la defensa de la empresa Meco, de la cual ya estaba parcialmente apersonado el abogado Erick Ramos (en los expedientes arriba mencionados), sin que en las mismas tuviese participación o conocimiento el señor Campos como abogado”, agrega.
Los denunciantes manifiestan que la Fiscalía solicitó la declaratoria de crimen organizado de una causa que para esa fecha no tenía denuncia, no tenía ofendido, no tenía ninguna diligencia de investigación previa (según el escrito), era independiente de las otras y con ello obtuvo la declaratoria indicada con la que fundamentó la intervención de las comunicaciones privadas.